El Gobierno nacional anticipó que vetará los proyectos sancionados por el Senado, entre ellos el aumento de jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional. Milei calificó la sesión como un “acto de desesperación” de la oposición y reafirmó su compromiso con el equilibrio fiscal, eje central de su gestión.
🧑⚖️ La amenaza de judicialización
En caso de que el Congreso logre revertir el veto con dos tercios de ambas cámaras, el presidente advirtió que recurrirá a la Justicia. “Vamos a vetar. Y, aún si se cae el veto, lo vamos a judicializar”, expresó durante un acto en la Bolsa de Comercio. La declaración encendió alarmas entre constitucionalistas, que cuestionan la viabilidad legal de esa estrategia.
📜 El reglamento del Senado bajo la lupa
La vicepresidenta Victoria Villarruel defendió la legalidad de la sesión, citando el artículo 16 del reglamento del Senado, que establece que la mayoría absoluta de senadores constituye Cámara. A pesar de que los proyectos no contaban con dictamen formal, el recinto votó en contrario, lo que según expertos valida el procedimiento legislativo.
🧠 Constitucionalistas rechazan la judicialización
Especialistas como Félix Lonigro y Andrés Gil Domínguez coincidieron en que el proceso legislativo fue válido y que la Justicia no puede intervenir en cuestiones parlamentarias. “Sería el Estado litigando contra sí mismo”, advirtió Gil Domínguez, mientras que Lonigro sostuvo que las comisiones autoconvocadas por la oposición actuaron dentro de la legalidad.
📊 Implicancias políticas y jurídicas
La judicialización de leyes sancionadas por el Congreso no tiene antecedentes en la historia reciente. La Corte Suprema ha sostenido en fallos anteriores que el Parlamento tiene autonomía para regular su funcionamiento. En este contexto, la estrategia del Ejecutivo podría ser interpretada como una maniobra política más que jurídica.
🗳️ Un conflicto institucional en ascenso
El enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se intensifica en un año electoral. Mientras Milei busca blindar su modelo económico, la oposición avanza con iniciativas que priorizan derechos sociales. La judicialización, de concretarse, podría abrir un nuevo capítulo en la tensión institucional que atraviesa la democracia argentina.
✍️ Redacción Diario Inclusión
