El diputado nacional Lisandro Nieri (UCR-Mendoza) presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para rechazar el reciente fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordena a la Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de una indemnización por la expropiación de la petrolera en 2012.
La iniciativa fue respaldada por otros legisladores radicales como Julio Cobos, Pamela Verasay y Karina Banfi, así como por referentes del PRO como Gerardo Milman. El texto sostiene que la sentencia “viola principios fundamentales del derecho internacional”, como la inmunidad soberana y la jurisdicción exclusiva de los Estados sobre sus asuntos internos.
Nieri advirtió que el fallo desconoce la legislación argentina, en particular la Ley 26.741, que declaró de interés público la expropiación de YPF y exige autorización del Congreso para cualquier transferencia de acciones. “Es una intromisión inaceptable en las competencias del Poder Legislativo Nacional”, afirmó.
Desde el radicalismo también se cuestionó que la jueza Preska sugiriera que Argentina podría modificar su legislación para cumplir con la sentencia. “Eso representa una presión inadmisible sobre la soberanía jurídica del país”, señalaron en el proyecto.
Por su parte, Milman presentó una iniciativa similar, pero con un enfoque más crítico hacia la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, a quienes responsabilizó por la expropiación “imprudente y opaca” de YPF. “El país está pagando las consecuencias de una maniobra que ignoró el estatuto de la empresa”, sostuvo.
El fallo judicial, que beneficia al fondo Burford Capital, impone una carga financiera de más de 16.000 millones de dólares a la Argentina. Además, exige la transferencia de las acciones Clase D de YPF a una cuenta en Nueva York, lo que ha generado un fuerte rechazo político y jurídico en el país.
El Gobierno nacional ya anunció que apelará la decisión en todas las instancias posibles. Mientras tanto, el Congreso se prepara para debatir una postura unificada frente a lo que muchos consideran un ataque a la soberanía económica y jurídica de la Nación.
Redacción Diario Inclusión
