La Auditoría General de la Nación cuestionó la toma de deuda externa de Luis Caputo durante el macrismo horas después de que se confirmara el bono compulsivo que lanzó el ministro de Economía para saldar la deuda que tiene el Estado con las compañías energéticas.
El duro informe de la AGN fue aprobado por unanimidad y fue elaborado por la Comisión de Supervisión de la Deuda Pública que preside el auditor Javier Fernández. El trabajo evaluó la gestión de las colocaciones de bonos en el mercado de Nueva York durante el período 2016-2018.
Durante ese período, la Argentina colocó un total de 18 nuevos bonos bajo ley extranjera. Esta emisión equivalió al 64% del total de títulos de deuda externa de la República, y por su magnitud, el impacto fue similar al del préstamo del FMI tomado en el año 2018.
Tan sólo en el año 2016, la Argentina colocó USD 22.000 millones en el mercado neoyorquino. De ese total, USD 9.300 millones se destinaron a cancelar el juicio de los holdouts que obtuvieron el fallo favorable de Thomas Griesa.
La emisión de bonos en mercados internacionales implicó el diseño de un marco legal más sofisticado que las emisiones en el mercado local bajo legislación interna debido a la inclusión de cláusulas más riesgosas para la Argentina, como la pari passu dada la jurisprudencia de los tribunales de Nueva York.
Entre los principales hallazgos del informe, se encontró que las leyes de presupuesto de los años auditados no discriminaron el tipo de deuda (interna o externa) a colocar, dejando en la decisión del Poder Ejecutivo la resolución e incumpliendo lo establecido por el art 60 de la Ley de Administración Financiera. Tampoco se establecieron objetivos claros de emisión de deuda pública conforme estándares internacionales.
Por otra parte, se observó que los expedientes no contienen informes previos en los cuales se justifiquen las operaciones. La Secretaría de Finanzas, a cargo de la dirección y supervisión del sistema de crédito público, no impulsó los procesos desde el inicio ni fundamentó o instruyó formalmente a las áreas dependientes a realizar las operaciones en el marco del programa financiero.
El proceso no fue regulado mediante procedimientos ni manuales aprobados formalmente. Considerando ésto, el único marco aplicable son las normas que aprueban la competencia y funciones de cada área dentro del Ministerio. En esta línea, el proceso no contó con todas las intervenciones de las áreas con funciones críticas.
En cuanto a la selección de las entidades finacieras intervinientes, no se analizaron los parámetros de riesgo, solvencia, fiducia ni capacidad de cumplir con los compromisos que pudieran surgir de la oferta. Los principales colocadores de títulos emitidos en el periodo auditado fueron el Citigroup, el Deutsche Bank, HSBC Santander y Credit Suisse.
Por último, la auditoría encontró que no se realizó análisis de vulnerabilidad de la deuda ni se evidenció un plan de endeudamiento anual conforme a estándares internacionales, en el cual se evalúen los términos y condiciones de endeudamiento externo más beneficiosos o rentables que se pueden obtener de los posibles acreedores y mercados.
En base a estos hallazgos, la AGN concluyó que la Argentina se endeudó a niveles de riesgo jurídico más elevados en comparación con la salida al mercado local o jurisdicciones alternativas dado que, en escenarios de eventos de default, el riesgo jurídico se incrementa ante la posibilidad de litigios en jurisdicción extranjera (en este caso, Nueva York), pudiendo generar nuevos pasivos contingentes para el país.
«Por todo esto, la AGN entiende que el proceso y las decisiones tomadas en el periodo auditado no fueron eficientes para la gestión de la Deuda Pública de la República Argentina», dice el informe.
«A pesar de haber sido informado sobre los hallazgos de esta auditoría, el Ministerio de Economía no ha realizado modificaciones», advirtió la Auditoría.
