Gil Lavedra está de regreso. ¿O acaso nunca dejó de inquietar los sórdidos pasillos de la opacidad ética? El letrado siempre se trae novedades a fuerza de maniobras penumbrosas.
El diputado Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) denunció en las últimas horas que Gil Lavedra, quien en 2007 patrocinó a la provincia de Santa Fe en el juicio contra la Nación por la deuda histórica y tiene pendientes honorarios millonarios a cobrar por ese pleito, ahora se convirtió en el nuevo apoderado del grupo Vicentin.
Lo curioso es que, a su vez, este grupo empresario le adeuda a la provincia millones de pesos por impuestos en mora, además de la formidable cifra multimillonaria con la que ha defraudado al resto de sus acreedores. “Esto es más que una contradicción”, dijo el legislador. “Defender los derechos del pueblo santafesino supone también denunciar este doble juego de Gil Lavedra”.Una rápida mirada histórica refleja que, en cuestiones de ética, el abogado no es docto. En 2016, cuando inició la persecución, hostigamiento y desapoderamiento de activos del Grupo Indalo, el “jurista” Gil Lavedra resultó una pieza clave. Con falsas acusaciones logró elevar a juicio la causa de la petrolera “Oil”.
A todos esto, sus accionistas, los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa estaban presos. Gil Lavedra fue representante de la AFIP macrista en dicha causa. Del Frade alertó sobre las últimas operaciones mediáticas de Vicentin. Por ejemplo, la “amenaza” con la supuesta pérdida de 7.000 puestos de trabajo directos e indirectos si se le terminaba la “zona liberada” en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, donde el juez Fabián Lorenzini tramita el concurso de acreedores. “El directorio de Vicentin, que tiene 17 integrantes en libertad porque pagaron 10 millones de dólares en caución, amenaza con la caída de las fuentes laborales como consecuencia del final de la zona liberada que tenía en la Justicia Civil y Comercial de Reconquista. Una repetida forma de extorsión social típica de las grandes patronales”, la calificó Del Frade.
La empresa todavía no aclaró dónde están los 300 millones de dólares que el Banco Nación le prestó al grupo durante la presidencia de Mauricio Macri. “Ahora, Vicentin contrató a Gil Lavedra, un histórico integrante de la Cámara Federal que condenó a los genocidas del terrorismo de estado”, dijo. “Curiosa parábola del abogado: de defensor de los sobrevivientes de la dictadura de las desapariciones, ahora es el apoderado de los que deben ser juzgados por desaparecedores y fugadores”, ironizó Del Frade.
“Una más del nuevo defensor de los intereses de Vicentin”, siguió Del Frade. “Gil Lavedra quiere cobrarle mucho dinero al Estado santafesino”, porque en 2007 durante el gobierno de Hermes Binner patrocinó a la provincia en el juicio contra la Nación por la deuda histórica. “Y hoy, al mismo tiempo, defiende al consorcio que le debe millones de pesos al propio Estado santafesino. Eso es mucho más que una contradicción. Defender los derechos del pueblo santafesino supone también denunciar este doble juego del doctor Gil Lavedra”.
El viernes pasado, Del Frade presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos de Rosario –con el patrocinio del abogado Guillermo Campana- para que se investiguen “las operaciones del grupo Glencore Viterra a partir de la empresa Renova en los últimos tres años, que están directamente vinculadas a maniobras irregulares del consorcio Vicentin”.
“Las maniobras giran sobre Renova, una de las 33 empresas del consorcio, que está valuada en 851 millones de dólares. Nuestro trabajo apunta a recuperar Vicentin como principal exportadora argentina bajo una figura de empresa mixta con mayoría estatal, recuperar los 791 millones de dólares fugados, defender las fuentes laborales y recuperar el control del comercio exterior de granos a favor del pueblo”, apuntó.
Hoy, “más que nunca es imprescindible” que los gobiernos del presidente Alberto Fernández y del gobernador Omar Perotti “se jueguen a favor de las trabajadoras y los trabajadores. Los juegos de los supuestos tronos de estas democracias de baja intensidad siempre los terminan pagando los sectores populares”.
