La salida de Diego Spagnuolo y la designación de Alejandro Vilches como interventor desatan un nuevo capítulo de tensión política. Mientras avanza la investigación judicial por presunta corrupción, el Gobierno analiza el futuro de más de 220 mil pensiones y enfrenta críticas por los vetos presidenciales a leyes clave en materia de discapacidad.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra en el centro de una tormenta política, judicial y mediática luego de que se difundieran audios que vinculan a su exdirector, Diego Spagnuolo, con una red de presuntas coimas relacionadas con la compra de medicamentos.
Renuncia y remoción de Spagnuolo
El escándalo estalló tras la filtración de audios en los que Spagnuolo habla de una estructura de recaudación ilegal, donde se mencionan pagos millonarios relacionados con la droguería Suizo Argentina. En dichos audios, Spagnuolo hace referencias expresas a Karina Milei y a otros funcionarios, acusándolos de estar vinculados al presunto esquema de sobornos.
Ante esta gravedad, el Gobierno tomó medidas inmediatas: Spagnuolo fue desplazado de su cargo de forma preventiva y se inició una intervención oficial sobre la ANDIS.
Designación de Alejandro Vilches como interventor
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el nuevo interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada y actual Secretario de Gestión Sanitaria.
La intervención se formalizó mediante el Decreto 601/2025, con una duración inicial de 180 días (prorrogables). El decreto le otorga a Vilches las facultades originalmente asignadas al Director Ejecutivo de la agencia, con el objetivo de garantizar mecanismos más ágiles y transparentes en la gestión de prestaciones y compras.
¿Qué tareas asumirá Vilches?
Además de reemplazar a Spagnuolo, Vilches fue encargado de llevar a cabo una auditoría profunda del organismo, con especial énfasis en lo siguiente:
- Revalidación y supervisión de pensiones por discapacidad: se revisarán beneficios no contributivos, y se analizará la suspensión de aproximadamente 220.000 pensiones a través del programa Incluir Salud como parte de un proceso de control.
- Control de estudios de discapacidad: se espera definir criterios más estrictos para verificar la legitimidad de las prestaciones otorgadas.
- Revisión de compras y contrataciones: especialmente aquellas vinculadas a laboratorios como Suizo Argentina, protagonista del escándalo.
Contexto político: veto presidencial y presión legislativa
Este escándalo se suma a un contexto político complicado para el Gobierno. Apenas dos semanas atrás, el presidente Javier Milei vetó dos leyes clave del Congreso:
- Una reforma que hubiese aumentado las pensiones mínimas en un 7,2%.
- Otra que declaraba la emergencia en discapacidad, ampliando derechos y prestaciones (transporte, compatibilidad laboral, mayor cobertura) para personas con discapacidad.
El argumento del Ejecutivo fue que ambas iniciativas comprometían el superávit fiscal.
En paralelo, la Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley que recrudecía asistencia a personas con discapacidad, complicando aún más la situación del Gobierno en un año electoral.
Lo que viene: desafíos para la intervención
El Gobierno busca proyectar una imagen de control y transparencia, pero enfrenta varios desafíos:
- Coordinación con la Justicia: ya se realizaron más de una docena de allanamientos, incluyendo oficinas de la ANDIS, Suizo Argentina y domicilios vinculados. Se secuestraron documentos, celulares, computadoras y sumas de dinero, como casi 200.000 dólares hallados en un vehículo relacionado con Emmanuel Kovalivker.
- Impacto político: el escándalo pone en jaque la credibilidad del oficialismo, y la intervención deberá mostrar resultados concretos para contrarrestar la presión de la oposición.
- Futuro de las pensiones: el reempadronamiento y la auditoría pueden generar protestas o dejar sin cobertura a muchos beneficiarios; Vilches deberá balancear eficiencia con sensibilidad social.
Redacción: Diario Inclusión.
