Pero eso no es bueno porque obstaculiza la normal prestación del servicio de justicia. Eso complicó también que la propuesta para integrar la Corte Suprema pase el filtro. La amenaza de echar mano de un decreto para que ingresen en “comisión” es otro ejemplo de flojera institucional, cuyas eventuales consecuencias habrá que dimensionar.
¿Cómo explicar a inversores del mundo que la Argentina tiene un 25% de vacantes en los jueces que deben entender en litigios muchas veces complejos y que el máximo Tribunal puede llegar a funcionar con tres personas y otras dos nombradas “por un año” y sin seguir los preceptos constitucionales?
El reflejo permanente en la iniciativa gubernamental por atiborrar de leyes que van contra el texto fundamental, violentando algún artículo, o se superpone con cuestiones ya legisladas o sobre las cuales Argentina tiene sanciones internacionales por no haber seguido jurisprudencia internacional se acumulan por semana. ¿Eso quiere decir que hasta ahora el Gobierno ha tenido problemas de gobernabilidad por estas acciones? No, se diría casi lo contrario. Un llamado de atención a la pasividad que estos temas engendran y a lo poco taquilleros que son para las encuestas de opinión ciudadana.
A la Argentina, desde siempre, le faltan años de instrucción cívica en sus programas educativos para la formación de una ciudadanía que tenga estos valores –no como una cuestión ajena o leguleya-, sino para el impacto real que puede tener en su devenir cotidiano. De ser así, las exigencias a los presidentes serían mandatorias y su apartamiento, preocupación en los sondeos de opinión. Argentina tiene laxos valores institucionales y Milei lo sabe y juega al fleje aprovechando su condición de outsider y su discurso belicoso contra la política tradicional que viene a ser una suerte de buzón donde se transfiere –como en el psicoanálisis- la voluntad de gobernar sin otros poderes que obstaculicen o hagan de contrapeso, con la justa frustración ciudadana de décadas de percibir deterioro en todo cuanto lo rodea.
El primer año de gobierno de Milei cierra esencialmente con una deuda de fortalecimiento de las instituciones que exceden el declaracionismo: desde borrar datos de quienes ingresaron al blanqueo de los sistemas del ARCA (exAFIP), algo imposible, a considerar “héroes” a los evasores. A Dios gracias, las buenas artes de negociación permitieron que Argentina no cayera en la lista gris del GAFI.
El abuso del “veto” como herramienta para evitar legislaciones incómodas tuvo como contrapartida la sospecha de que se utilizó cualquier medio para convencer al número justo de legisladores para que no se pudiera insistir en la norma vetada. La indiferencia a la sanción de un Presupuesto Nacional por segundo año consecutivo lleva a la idea de que el objetivo no es aprobarlo, sino precisamente disponer a discreción de fondos. La modificación de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos es una invitación para que el narcotráfico siente a sus propios representantes. De ahí para abajo, cualquier industria que quiera tener su diputado podrá financiarlo ya a cara descubierta.
La opacidad de la nueva SIDE, pomposamente brandeada y con un presupuesto inicial que excedía por lejos el de administraciones anteriores sugiere un orden de prioridades donde no quedan muy claros los límites desde donde se pretende ejercer el poder. A la pelea con la vicepresidenta Victoria Villarruel no la anotamos en esta saga. Argentina tiene historial completo de peleas entre presidente y vice que ya son un hábito.
El funcionamiento armónico de los tres poderes del Estado, ajustado a la Constitución y con roles de contrapeso en las decisiones, controles efectivos y una mínima porción de seriedad a la hora de impulsar iniciativas suena a entelequia. Dentro de un año se verá si fueron pronósticos agoreros o en algún momento habrá que pagar la factura de haber minimizado la institucionalidad como un pilar central de la democracia.
