Impulsada por el resultado electoral de octubre, la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en diciembre incluye medidas que podrían vulnerar derechos constitucionales. Entre ellas, la extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas y la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
La Ley 20.744 establece límites claros: 8 horas diarias o 48 semanales, con excepciones para trabajo nocturno y menores. Modificar esto implicaría violar el artículo 14 bis de la Constitución, que garantiza una jornada limitada. Abogados laboralistas ya anticipan que este punto será judicializado.
Otro aspecto crítico es el fraccionamiento de las vacaciones, que podría frustrar el objetivo de descanso prolongado. La jurisprudencia argentina sostiene que dividir los días en períodos cortos contradice la finalidad del beneficio.
Respecto a las indemnizaciones, el proyecto propone que las pymes puedan pagar en hasta 12 cuotas y que el monto por despido sin causa se limite a 10 sueldos, sin considerar antigüedad. Esto contradice la LCT, que establece un mes por año trabajado, y vulnera el derecho de propiedad del trabajador.
El banco de horas extras también genera preocupación. Aunque se plantea como una herramienta de flexibilidad, los abogados advierten que podría reducir el salario del trabajador, al eliminar los recargos del 50% y 100% previstos por ley.
El regreso de los “tickets canasta” revive los fantasmas de los 90. Estos vales, entregados fuera del salario, no computaban para aportes ni indemnizaciones. Aunque fueron derogados en 2007, su reintroducción podría abrir una nueva ola de litigios, como ocurrió antes de su eliminación.
La eliminación de la ultraactividad —la prórroga automática de convenios colectivos— es otro punto sensible. El artículo 14 bis protege la concertación colectiva y la estabilidad gremial. Su modificación podría ser considerada inconstitucional y contraria a tratados internacionales como los de la OIT.
Desde el Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS) calificaron la reforma como una “pulverización de la legislación laboral” y denunciaron la exclusión de los trabajadores del debate. “Decir sin oír no es dialogar”, afirmaron en un comunicado.
En síntesis, si se aprueba en los términos actuales, la reforma laboral podría enfrentar una batería de amparos, demandas y planteos de inconstitucionalidad. La tensión entre flexibilización y derechos adquiridos promete trasladarse de los despachos políticos a los tribunales.
✍️ Redacción Diario Inclusión
