Moratoria, blanqueo y coparticipación, son algunos de los temas que llevarían a sesiones extraordinarias en un año electoral.
La gloria mundialista de la Selección de fútbol que se consagró en el Mundial de Qatar no tapa las responsabilidades del Congreso y, especialmente, las necesidades de leyes que el Gobierno impulsa para tratarse en febrero.
Tanto desde el Frente de Todos como desde Juntos por el Cambio dan por perdido el mes de enero. Muchos diputados están en modo vacaciones después de un diciembre revuelto y colmado de peleas y divisiones en el Congreso, escenario que llevó forzosamente a un receso anticipado, y no hay ningún tema de emergencia que por sí solo amerite dejar a un lado las diferencias para sesionar este mes.
De todos modos, si el Gobierno apura con el envío de una convocatoria de sesiones extraordinarias a partir de primero de febrero, dejará sin excusas a los legisladores: no podrán alegar necesidad de descanso, y la habitual coartada de que no existen condiciones políticas para juntarse a debatir se considerará floja de papeles y poco creíble para la parte de la sociedad que sigue los acontecimientos de la política vernácula.
La agenda de extraordinarias ya las dejó filtrar a la prensa especializada el Ministerio de Economía de Sergio Massa. Algunas de las iniciativas caían de maduro, como la mal llamada «moratoria», que en realidad es un programa para la regularización de deudas previsionales.
La última moratoria venció ayer, lo cual clausura -hasta que por decreto o por ley se disponga lo contrario- la posibilidad de que más de 800.000 personas que no llegan con los 30 aportes previsionales puedan jubilarse al alcanzar la edad estipulada por ley para hacerlo.
Este programa tiene una novedad: que las personas que tienen hasta diez años menos de la edad jubilatoria (esto es: mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 años) y que, por distintas circunstancias, ya saben que no alcanzarán los 30 años de aportes cuando atraviesen ese umbral etario, tendrán la posibilidad de anticipar el pago de los períodos faltantes con un plan de cuotas.
Esta nueva modalidad tendría la virtud de que vendría a reforzar la capacidad recaudatoria de Anses en un contexto de déficit estructural del sistema previsional, dominado por una masa cada vez menor de aportes activos frente a un universo cada vez mayor de pasivos.
Se calcula que en promedio, los trabajadores argentinos cuentan con entre 14 y 17 años de aportes. Y además, 9 de cada 10 mujeres en edad jubilatoria no tienen la cantidad de aportes necesarias, proporción que en hombres es algo menos pero tremendamente preocupante (7 de cada 10).
Massa y las prioridades en el congreso
La prioridad para Massa a nivel parlamentario en este verano es que el Congreso le dé luz verde a su plan de exteriorización de capitales, que tiene su correlato con el acuerdo de intercambio de información financiera que suscribió recientemente con Estados Unidos. Es por eso que desde el Estado nacional se les ofrece a los tenedores de esos bienes, que alcanza a personas humanas, físicas y sucesiones indivisas, un régimen especial de «declaración voluntaria» de ahorros no declarados.
En otro orden, el Gobierno está pensando en el diseño de una herramienta para corregir el Presupuesto y conseguir el diferencial de recursos que requiere para el acatamiento al fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el pleito por la coparticipación federal.
Se está pensando en dos impuestos: un incremento del tributo que paga el juego online y la extensión a todo el país del impuesto que cobran los bancos por los intereses por tenencia de Leliq del Banco Central.
