El Gobierno dispuso mediante un decreto la obligatoriedad de los motociclistas de que el número de patente del vehículo esté visible en el casco que utilicen, como parte de una política para prevenir la acción de los motochorros.
El decreto 171/2017 fue publicado en el Boletín Oficial, pero entrará en vigencia el próximo 15 de junio, desde cuando será obligatoria «la identificación de dominio del motovehículo, adherida en letras y números reflectantes, sin que coincida con el color de fondo del casco«.
«La identificación dominial será adherida en los laterales derecho e izquierdo del casco reglamentario, debiendo dicha identificación ser indeleble e inviolable, de conformidad con las características técnicas establecidas«, se indicó en la norma que llevó las firmas del presidente Mauricio Macri y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Transporte, Guillermo Dietrich.
De acuerdo a la norma, «el acompañante» que se desplace en moto deberá usar un chaleco reflectante, también con la identificación del dominio del vehículo. «La obligación de portar el casco y en su caso, el chaleco con identificación, se extiende al momento del ingreso, egreso y circulación por el interior de las estaciones de servicios, siendo su uso obligatorio a los fines de la carga de combustible», señaló el decreto.
El decreto justificó la medida al indicar que «la espiral creciente del delito lesiona los principales bienes jurídicos de quienes son víctimas de actos criminales, cercenando así sus Derechos Humanos básicos y fundamentales».
Además, se advirtió que «la masividad del uso de motovehículos a lo largo del territorio de la Nación, y más allá de la comodidad que proporciona este medio de locomoción, su accesible adquisición y su economicidad, ha facilitado de modo paralelo la concreción de hechos delictivos en la vía pública, altamente reprochables por la sociedad«.
«La modalidad implementada para cometer hechos delictivos perpetrados desde motocicletas consiste en llevar un acompañante que se encarga de la sustracción de determinado bien o valor a una persona, y un conductor quien emprende luego una acelerada carrera en cuestión de segundos, permitiendo abrirse paso entre vehículos o en dirección contraria, o por las aceras», agregó.
Además, advirtió que «si bien estos delitos cometidos a bordo de motocicletas fueron reportados principalmente a raíz de las denominadas salideras bancarias» -en donde la víctima es aquella persona que sale de hacer una operación de retiro de dinero del banco-, se fueron extendiendo a todas las zonas urbanas utilizando el motovehículo para otros tipos de arrebatos callejeros, sustrayendo bienes portados por las personas en la vía pública, tales como teléfonos móviles, carteras, bolsos y maletines, entre otros objetos».
Y se argumentó que «en numerosos casos los delitos cometidos con el auxilio de un motovehículo además de la lesión al patrimonio de las víctimas, ocasionan serias lesiones físicas para los afectados, llegando asimismo en muchas oportunidades a provocar la muerte de la víctima o de terceras personas».
También el Gobierno argumentó que «en la mayoría de los casos se produce la impunidad del delito, debido a la dificultad que se suscita para identificar y aprehender a los delincuentes al momento del atraco ya que, muchas veces, no pueden ser identificados por sus víctimas porque el casco, de uso obligatorio, oculta el rostro del agresor».
«Los delincuentes que utilizan motovehículos atacan a sus víctimas sorpresivamente, y generalmente desde atrás en forma alevosa, aprovechando la indefensión de las mismas producida por el ataque sorpresivo», se informó. Además, el Gobierno argumentó que en el país ya existen medidas de prevención de este tipo que se implementan en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
