Una banda integrada por miembros de la Gendarmería Nacional fue desarticulada tras una investigación que reveló una red de cobro de coimas a camioneros en plena ruta. La causa, impulsada por el fiscal federal de Río Cuarto, Rodolfo Cabanillas, ya tiene 24 imputados, de los cuales 23 son gendarmes y uno es civil, señalado como el recaudador.
La denuncia inicial fue presentada en febrero por un transportista que aseguró haber sido extorsionado en reiteradas ocasiones por personal de la Sección de Seguridad Vial ‘Sampacho’ de Gendarmería. Las coimas se exigían durante controles en la Ruta Nacional N°8, y se cobraban incluso mediante transferencias bancarias.
Con el avance de la investigación, se sumaron otras dos denuncias similares, lo que permitió establecer un patrón de conducta entre los acusados. Las sumas exigidas iban desde los $50 hasta los $600 mil pesos, y se identificaron horarios específicos de patrullaje y métodos de presión sobre los conductores.
En septiembre se realizaron más de 25 allanamientos simultáneos en Córdoba, San Juan, Salta, Catamarca y Santa Fe. Como resultado, fueron detenidos 13 gendarmes, entre ellos la jefa de sección Analía Galián, y un civil que facilitaba el alias para las transferencias y distribuía el dinero entre los involucrados.
Un dato llamativo del caso es que los procedimientos fueron ejecutados por la propia Gendarmería Nacional, cuando en este tipo de causas suele intervenir otra fuerza federal. Actualmente, 11 gendarmes continúan detenidos, mientras que Galián cumple prisión domiciliaria.
La causa incluye delitos de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas. Las autoridades continúan identificando víctimas a partir del análisis de las transferencias realizadas, aunque muchos camioneros temen declarar. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones.
Según el expediente, entre julio de 2024 y septiembre de 2025, los imputados habrían exigido dinero a cambio de permitir la circulación de los transportistas durante controles en la Ruta Nacional N°8, en una maniobra sistemática de corrupción institucional.
Redacción Diario Inclusión 📝