os gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, enviaron cartas documento al gobierno de Javier Milei por las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén. Frente al vencimiento de los períodos de transición, los mandatarios provinciales apuntana que la administración libertaria no intervenga dado que los recursos naturales “son potestad de las provincias”, según marca uno de los textos.
Asimismo los gobiernos locales reclaman que cualquier decisión que busque tomar el Ejecutivo sea antes consensuada con ellos.
Según precisó el gobierno rionegrino, el mandatario envió una misiva dirigida al Ministerio del Interior, comandado por Guillermo Francos, que se sustentó en los artículos 1, 5, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen “el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales”, así como en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que “refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, dejando en claro la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos”.
Por su parte, Figueroa envió la carta al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, al que reclamó por la falta de respuestas y las evasivas por parte del Estado frente a los pedidos del gobierno provincial. “La provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia”, expresa la misiva.
En conjunto, ambas provincias pidieron que “el Estado Nacional y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias”. Además, la acción legal advierte que “cualquier acción unilateral por parte del gobierno nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia”, mientras que los gobernadores advirtieron que podrán “iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos”, en caso de que no se respeten las disposiciones provinciales.
Sin embargo, Weretilnek y Figueroa aseguraron que no desean llegar a esa instancia, y que “aspiran a la posibilidad de abrir un diálogo constructivo con el Gobierno que respete los principios constitucionales y las competencias provinciales”.
Mientras tanto, a través de la Resolución 2/2024 -publicada el pasado 17 de enero en el Boletín Oficial- la Secretaría de Energía de la Nación prorrogó nuevamente por 60 días los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas Alicurá (operada por AES Argentina), El Chocón-Arroyito (grupo Enel), Cerros Colorados (grupo Orazul), Piedra del Águila (operada por Central Puerto), y la continuidad de Energía Argentina (Enarsa) como veedor.
El conflicto con los Gobernadores
El reclamo se Weretilneck y Figueroa se da mientras se agrava el conflicto del Gobierno de Javier Milei con los gobernadores, que se profundizó luego de la caída de la ley ómnibus en el Congreso. En primer lugar, el Gobierno anunció la decisión de disminuir el subsidio a las empresas de transporte público en todo el país, lo que incluyó la eliminación del Fondo Compensador del Interior que recibían las compañías de colectivos que operan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según la nueva medida, la ayuda se “canalizará” a través del sistema de SUBE, que actualmente sólo está vigente en 60 ciudades.
Al mismo tiempo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno no enviará a las provincias los fondos que adeuda y que son destinados al pago del incentivo docente y los programas educativos.
