La gestión libertaria vuelve a quedar bajo la lupa en materia de transparencia. En 2017, la Ciudad de Buenos Aires adjudicó un contrato por más de 7 millones de dólares a la unión transitoria de empresas conformada por Ecomac Ambiental S.A. y Coinsa Construcciones S.A., firmas ligadas al grupo Maccarone. El objetivo era instalar una planta automática de reciclaje en Barracas.
El monto inicial del contrato ascendía a US$ 7.158.000, pero rápidamente se aprobó una ampliación del 28,51%, por unos 40,5 millones de pesos adicionales. Además, en los años siguientes se sumaron costos por vigilancia, traslado y mantenimiento que engrosaron considerablemente la inversión original. Hasta hoy, no se conoce un desglose detallado que justifique esos aumentos.
La controversia se intensificó con la figura de Martín Maccarone, empresario de la construcción que actualmente ocupa un despacho en el Ministerio de Economía bajo la órbita de Luis “Toto” Caputo, aunque no existe decreto ni resolución publicada en el Boletín Oficial que lo nombre formalmente. En los pasillos oficiales se lo describe como un “funcionario fantasma” que maneja áreas sensibles de infraestructura sin control administrativo visible.
El hecho alimenta las sospechas de conflictos de intereses, ya que Maccarone proviene de empresas que fueron beneficiadas con contratos millonarios de obra pública. Hoy, desde el Estado, se encuentra en posición de supervisar y orientar nuevas adjudicaciones. “Es la puerta giratoria en su máxima expresión: el mismo empresario que cobraba contratos ahora decide sobre ellos”, señalaron voces críticas del sector.
La cercanía de Maccarone con Caputo y con Santiago Caputo, asesor clave del presidente Milei, refuerza la percepción de un círculo reducido que concentra poder político y económico, mientras se sostiene un discurso público de austeridad y transparencia.
Este episodio revela una contradicción que golpea al oficialismo: mientras Milei denuncia los privilegios de la “casta”, en la práctica se reproducen viejas prácticas de discrecionalidad y opacidad en el manejo de fondos públicos. El contrato del reciclaje, convertido en símbolo, pone al Gobierno en una posición incómoda frente a la opinión pública y abre un nuevo flanco de críticas sobre su credibilidad.
Redacción: Diario Inclusión.
