La Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) acumula un endeudamiento cercano a los $96.000 millones y un déficit mensual que llegó a superar los $5.800 millones. El PPC busca ordenar la estructura económica sin paralizar el funcionamiento, permitiendo un ahorro estimado de $10.500 millones.
El plan contempla la eliminación de 638 puestos de trabajo sobre un total de 1.160 empleados. Las liquidaciones finales rondarían los $20.930 millones, con indemnizaciones por $10.465 millones a pagar en 12 meses. También se solicitó la exención de cargas sociales por un año.
Además del recorte de personal, se propone una transformación tecnológica: digitalización de procesos, receta electrónica, telemedicina 24 horas, tercerización de call centers y desarrollo de software propio. El objetivo es reducir la dependencia de tareas manuales y aumentar la eficiencia operativa.
Las auditorías ordenadas por los decretos 720/2024 y 1045/2024 revelaron graves irregularidades, contratos “leoninos” con UATRE y un gasto administrativo del 17%, más del doble del máximo legal permitido. Un cuarto del personal no está asignado a ninguna gerencia específica.
La crisis de OSPRERA también desató una batalla política entre el Gobierno y el sindicato liderado por José Voytenco. El interventor Petroni, cercano a “Lule” Menem, fue designado en noviembre. En paralelo, Voytenco denunció judicialmente al secretario de Trabajo, Julio Cordero, por intentar apropiarse ilegalmente de la conducción de UATRE.
La Justicia rechazó la intervención del gremio solicitada por Cordero, pero la causa sigue abierta. El juez Sebastián Casanello ordenó ampliar el entrecruzamiento de llamadas y geolocalización de celulares de los imputados, mientras el Ministerio de Capital Humano quedó bajo la lupa judicial.
✍️ Redacción Diario Inclusión
