La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó envuelta en un escándalo de presuntas coimas tras revelarse que la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, habría sido beneficiada con contrataciones por más de $8.823 millones. La denuncia fue presentada por los candidatos de la Coalición Cívica, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, quienes pidieron al presidente Javier Milei una revisión urgente de los procesos licitatorios.
Los expedientes en cuestión incluyen catorce procesos de compra, tres por contratación directa y once por licitación pública, todos aún en etapa de preadjudicación. En varios casos, Suizo Argentina figura como único oferente, lo que refuerza las sospechas de prácticas irregulares. La Justicia ya inició allanamientos y secuestró dispositivos electrónicos en busca de pruebas.
El caso tomó notoriedad tras la difusión de audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se menciona el presunto pago de retornos de entre el 3% y el 8% a funcionarios nacionales, incluyendo a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. La investigación apunta a determinar si hubo una red de corrupción estructural en la adjudicación de medicamentos.
En paralelo, el juez Sebastián Casanello ordenó allanar la sede de la obra social Osprera, que en cinco meses emitió pagos por más de $7.700 millones a la droguería investigada. Una auditoría previa había detectado una deuda adicional de $3.000 millones, lo que agrava el cuadro de sospechas sobre el vínculo comercial entre ambas entidades.
Los denunciantes apelan al Decreto 1023/2001, que establece que el pago de sobornos es causal de rechazo de ofertas o rescisión de contratos. Además, recuerdan que no es necesario esperar una sentencia firme para apartar a un oferente sospechado, si el interés público lo exige.
La causa también involucra a funcionarios del Ministerio de Trabajo y asesores del oficialismo, con vínculos directos con los Kovalivker. Mensajes de WhatsApp y pericias telefónicas revelan contactos frecuentes entre el interventor de Osprera, Marcelo Petroni, y altos funcionarios del Ejecutivo, lo que podría configurar una trama de favores cruzados.
Desde la Coalición Cívica insisten en que la gravedad institucional del caso amerita una suspensión inmediata de los procesos licitatorios vinculados a Suizo Argentina. “La transparencia en las contrataciones públicas no puede estar subordinada a estrategias políticas”, afirmaron en su presentación.
Redacción Diario Inclusión
