La renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires desató una tormenta política y logística: el Gobierno pretende reimprimir las boletas con Diego Santilli como nuevo cabeza de lista, pero el proceso costaría cerca de 12 millones de dólares y depende de una definición judicial urgente.
La decisión final está en manos del juez electoral Alejo Ramos Padilla, quien debe resolver si se habilita el reemplazo en la boleta única bonaerense. Desde la Casa Rosada insisten en que “reimprimir es lo correcto para cuidar la voluntad ciudadana”, aunque reconocen que el tiempo para hacerlo antes de las elecciones es mínimo.
El trasfondo del conflicto es explosivo: Espert quedó acorralado por causas judiciales que investigan una transferencia de US$ 200.000 proveniente del empresario Fred Machado, detenido por narcotráfico y lavado de dinero. También se lo vincula a vuelos compartidos y presuntas irregularidades con aeronaves.
Desde el oficialismo se amparan en el artículo 7 del decreto de Paridad de Género, que permitiría reemplazar al renunciante por otra persona del mismo género. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral advierte que esa norma no fue pensada para este tipo de casos, y que el criterio será definido por Ramos Padilla, con posible apelación.
El mayor obstáculo es operativo: la boleta única ya fue impresa parcialmente bajo control de la Dirección Nacional Electoral, y su reedición implicaría una carrera contra el tiempo. En los tribunales se considera “muy difícil” llegar a tiempo por las etapas de validación que exige el proceso.
Algunos juristas proponen una solución alternativa: comunicar al electorado que los votos dirigidos a Espert se trasladarán al siguiente candidato de la lista. Esta opción evitaría el gasto millonario y los riesgos logísticos, aunque podría generar confusión y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Mientras tanto, las imprentas están en pausa y el cronómetro electoral corre. La pulseada entre legalidad, urgencia y costos pone a prueba la solidez institucional del sistema electoral argentino en plena campaña.
Redacción Diario Inclusión
