En una sesión cargada de tensión política y reclamos sociales, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Investigadora para abordar el caso del fentanilo contaminado, que ha generado alarma nacional e internacional. La iniciativa fue respaldada por todos los bloques, en medio del rechazo a los vetos presidenciales sobre la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario.
El objetivo central de la comisión será determinar la cantidad total de casos confirmados y sospechosos, reconstruir la cronología del brote, y establecer las causas y responsabilidades en el sistema sanitario público y privado. También se investigará el rol de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, señalados por su posible vinculación con la producción del lote contaminado.
La comisión estará integrada por 31 diputados de todos los bloques, y podrá solicitar informes a organismos estatales de todos los niveles, así como convocar a funcionarios públicos y representantes del sector privado. El plazo de trabajo se extenderá hasta el 9 de diciembre de 2025, fecha en la que deberá presentar un informe final con conclusiones y recomendaciones.
El consenso parlamentario fue desbloqueado por un acuerdo entre referentes opositores y la diputada Silvana Giudici, que permitió avanzar directamente con la sanción del proyecto de resolución. La maniobra dejó sin efecto la estrategia oficialista de dilatar el debate en comisiones, encabezada por Nicolás Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales.
Familiares de las víctimas habían reclamado durante semanas la conformación de esta comisión, denunciando la falta de respuestas del Estado y la opacidad en el manejo de la crisis. La aprobación representa un paso clave en la búsqueda de justicia y transparencia, aunque persisten dudas sobre el alcance real de las atribuciones legislativas.
El caso del fentanilo contaminado se ha convertido en uno de los mayores escándalos sanitarios del año, con al menos 76 muertes registradas y una cadena de responsabilidades aún sin esclarecer. La comisión investigadora será el primer intento institucional serio para arrojar luz sobre lo ocurrido y evitar que se repita.
Redacción Diario Inclusión