El juez federal de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa, procesó a dos exdirectivos de Sancor Cooperativas Unidas Limitadas por la apropiación indebida de aportes destinados al Sistema Único de la Seguridad Social. La suma evadida, entre 2020 y 2024, asciende a $1.644.440.882,68. Además, el magistrado dispuso embargos de $90 millones sobre los bienes de cada imputado.
La resolución, dictada el 17 de diciembre pasado, respondió al pedido del fiscal federal Gustavo Onel, quien rechazó la posibilidad de suspender el juicio a prueba solicitada por la defensa. El caso se inició tras denuncias simultáneas de trabajadores de las plantas de Sunchales (Santa Fe) y Don Torcuato (Buenos Aires), quienes señalaron que la empresa retenía aportes pero no los ingresaba en tiempo y forma.
La investigación determinó que uno de los exdirectivos, presidente del Consejo de Administración entre 2020 y 2022, incurrió en 17 hechos de apropiación indebida. Su sucesor, que ocupó el cargo entre 2022 y 2024, fue acusado de otros 16 hechos similares. Ambos habrían omitido depositar los aportes retenidos dentro de los plazos legales, configurando un delito tributario federal.
Entre las pruebas reunidas figuran las denuncias originales de los trabajadores, los resúmenes previsionales de la AFIP, documentación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y la nómina de autoridades de la cooperativa. También se incorporaron órdenes de intervención vinculadas a la verificación de la deuda.
En su fallo, el juez Cuello Murúa destacó que los imputados “conocían la calidad de agentes de percepción y retención de los aportes” y que su conducta fue “intencional y voluntaria”, con el objetivo de mejorar el patrimonio de la empresa. Según el magistrado, quedó acreditada la retención y omisión de ingresar los aportes correspondientes.
Si bien el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva, el juez impuso restricciones: los exdirectivos deberán someterse al procedimiento, informar cualquier cambio de domicilio y no obstaculizar la investigación. La decisión se basó en que ambos poseen domicilio conocido, actividad laboral comprobada y carecen de antecedentes penales.
De esta manera, la causa avanza en la Justicia Federal con pruebas que comprometen seriamente a los exdirectivos de Sancor, mientras se espera que el proceso judicial determine las responsabilidades definitivas en torno a la millonaria evasión.
Redacción Diario Inclusión ✍️
