La madrugada del miércoles 24 de septiembre, la Policía bonaerense descubrió a las tres jóvenes enterradas en una fosa cavada en el jardín de una casa de Río Jáchal y Chañar. Cuatro personas vinculadas al inmueble fueron detenidas en el acto: Andrés Parra, Miguel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero y Daniela Ibarra.
La Fiscalía imputó a “Pequeño J” (Tony Janzen Valverde Victoriano) y a Matías Agustín Ozorio como coautores del crimen. Ambos cuentan con pedidos de captura nacional e internacional y son buscados activamente con apoyo de Interpol.
Entre las pruebas forenses figura el análisis de la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que fueron trasladadas las víctimas. El vehículo había sido incendiado para borrar huellas, pero fue levantado por una grúa y ubicado por la DDI local, que recuperó restos de sangre y fibras.
Los investigadores también rastrean un VW Fox que, según cámaras de seguridad, habría funcionado como auto de apoyo. Creen que Víctor Lázaro Sotacura, detenido en Villazón (Bolivia) cuando intentaba cruzar la frontera, lo habría conducido durante el operativo criminal.
El Ministerio Público acusó a los seis aprehendidos de homicidio calificado por concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género. En el caso de “Pequeño J” y Ozorio la figura es la de autoría directa.
Ariel Giménez, de 29 años, fue capturado cuando regresaba a su casa en Florencio Varela. Está señalado de haber cavado la fosa y sepultado los cuerpos. En el momento de su detención llevaba consigo una pala y un parlante. Este lunes deberá declarar ante Arribas.
Víctor Lázaro Sotacura afronta su indagatoria tras ser detenido en territorio boliviano. La Justicia bonaerense gestiona su extradición y coordina los traslados para su presentación ante el fiscal.
Entre las teorías que circulan figura una supuesta transmisión en vivo de las torturas por una red social, pero Arribas aclaró que no se ha hallado video ni evidencia que respalde esa versión. Por ahora, esa hipótesis sigue siendo un dicho sin prueba.
Los próximos pasos incluyen la resolución de análisis de celulares secuestrados y otras pericias en reserva. La Fiscalía también evalúa medidas de asistencia y contención para las familias de las víctimas mientras avanza la etapa de formulación de cargos contra los cabecillas.
Redacción Diario Inclusión ✍️
