El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal condenó a cinco años de prisión al banquero Carlos Alberto Rohm, exvicepresidente del Banco General de Negocios, por ser considerado jefe de una asociación ilícita que desvió fondos de clientes entre mediados de los años ‘90 y el cierre de la entidad en 2002. La sentencia también dispuso el decomiso de más de 45 millones de dólares, en el marco de una investigación que reveló maniobras de fuga de capitales durante el colapso financiero de 2001.
La resolución, dictada por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y Fernando Machado Pelloni, alcanzó también a otros ocho directores y funcionarios del banco, quienes recibieron penas de tres años de prisión condicional por su participación como miembros de la organización. Según la fiscalía, todos ellos integraban una estructura delictiva que perjudicó económicamente a los ahorristas por al menos 19 millones de dólares.
El debate oral se extendió por más de un año y tres meses, con la intervención del fiscal general Abel Córdoba y el auxiliar fiscal Juan Manuel Gaset. La investigación contó además con el apoyo técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB).
Entre los condenados figuran Rufino Basabilbaso de Alvear, Julio César Tielens, Adrián Darío Couce, Marcelo Claudio Muiño, Jorge Carlos Aguzzi, Hugo César Esquivel, Pedro Evaristo López y Horacio Darío Castrilli. Todos fueron absueltos por prescripción en relación al delito de administración fraudulenta, aunque se probó su responsabilidad en el manejo desleal de fondos confiados por clientes.
El tribunal ordenó el decomiso de 45.685.000 dólares, de los cuales 25.494.000 corresponden a Credit Suisse y 19.740.000 a JP Morgan Chase Bank. Estos montos deberán destinarse a la restitución de las víctimas. También se dispuso el decomiso de fondos provenientes de la venta de acciones de la empresa “Química Estrella SA”, que serán afectados al pago de una demanda por daño moral fijada en más de 98 millones de pesos.
Durante el juicio, iniciado en septiembre de 2024, declararon alrededor de cien testigos, incluidos ahorristas que perdieron sus depósitos y funcionarios del Banco Central que impulsaron la investigación en los primeros años del 2000. La fiscalía sostuvo que Rohm utilizó la entidad para desviar fondos mediante operaciones de bonos, asistencia financiera ilícita y captación irregular de capitales, consolidando un esquema que operó hasta el cierre del banco.
La condena marca un precedente en torno a las responsabilidades de los directivos bancarios durante la crisis del “corralito” y busca reparar, al menos en parte, el daño ocasionado a miles de ahorristas que vieron afectados sus ahorros en una de las etapas más críticas de la economía argentina.
Redacción Diario Inclusión ✍️
