La Unidad Fiscal Rosario imputó a E.S.S., quien desde Los Ángeles administraba la casa de su madre en Rosario, como presunta autora del delito de trata de personas con fines de servidumbre. Según la investigación, la víctima fue trasladada desde Corrientes en 2003 bajo la promesa de estudiar, pero nunca fue escolarizada y durante 22 años realizó múltiples tareas domésticas sin recibir remuneración.
La fiscal Adriana Saccone, junto a las coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, expuso que la explotación se prolongó hasta octubre pasado, cuando un allanamiento puso fin a la situación. La acusada participó de la audiencia por videoconferencia, mientras que la víctima contó con representación legal y acompañamiento interdisciplinario.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, la imputada continuó la explotación desde 2022, cuando asumió el control de la vivienda tras el deterioro de la salud de su madre. Para supervisar las tareas a distancia, instaló 16 cámaras de seguridad y entregó un celular a la víctima, garantizando así la permanencia de la servidumbre.
El juez de Garantías Román Lanzón rechazó el pedido de sobreseimiento de la defensa y destacó la gravedad de los hechos, señalando indicadores claros de explotación y vulnerabilidad. Aunque el MPF solicitó la detención de la imputada, el magistrado dispuso medidas cautelares no privativas de la libertad, como fijar domicilio, firma mensual en el consulado argentino y prohibición de contacto con la víctima.
La causa expone un caso de explotación continuada que se extendió por más de dos décadas, y que ahora será investigado en profundidad por la Justicia santafesina, con el objetivo de garantizar reparación y protección a la víctima.
✍️ Redacción Diario Inclusión
