El fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio de una causa que involucra a ocho personas —entre ellas cuatro abogados y un contador— acusadas de intentar apropiarse de la indemnización de un hombre con discapacidad del 100%. La maniobra incluyó la falsificación de documentos, certificados médicos y la apertura de una cuenta bancaria a nombre de la víctima, con el objetivo de transferir más de 345 mil dólares.
La investigación se inició en 2022, cuando el juez del Juzgado Civil N°55, Herman Bernardo Lieber, detectó irregularidades en un expediente iniciado en 1993. En ese caso, una mujer y su hijo habían demandado al entonces gobierno porteño por mala praxis en el Hospital Vélez Sarsfield, lo que derivó en una discapacidad total del niño. El fallo reconoció la responsabilidad estatal y otorgó una indemnización, que fue depositada en una cuenta judicial.
Durante años, la madre del joven —hoy de 34 años— administró los fondos mediante un plazo fijo y cobraba los intereses anualmente. Sin embargo, en septiembre de 2022, al acudir al banco, descubrió que la cuenta tenía menos dinero del esperado. Al consultar con su abogado, se enteró de que se había intentado transferir el total de la indemnización a una cuenta del Banco Patagonia, abierta a nombre de su hijo.
La maniobra fue sofisticada:
Los imputados presentaron escritos falsificados en el sistema judicial LEX 100, simularon una mejora en la salud del joven para justificar su autonomía financiera, y usaron un certificado médico apócrifo. Incluso, uno de los acusados se hizo pasar por la víctima para abrir la cuenta bancaria, utilizando un DNI falso y documentación adulterada.
La madre de la víctima desmintió rotundamente esa versión: su hijo tiene parálisis cerebral psicomotriz, no puede hablar ni firmar, se moviliza en silla de ruedas y requiere asistencia permanente. Gracias a su denuncia, el juez anuló la transferencia y se inició una investigación penal que pasó al fuero federal al detectarse el uso de documentos públicos falsos.
Entre los imputados figuran los abogados Martín Siedner, Inés Bianco, Angélica Chiozza y Ariel Noli; el contador Santiago Foutel; y Federico Campanella, Néstor Alegre y Arturo Frechtel. Según el fiscal Picardi, todos actuaron con conocimiento del perjuicio que causaban a una persona en situación de vulnerabilidad, cumpliendo paso a paso los requisitos judiciales y bancarios para consumar la estafa.
Ahora, la jueza María Servini deberá resolver si acepta el pedido de elevación a juicio. De concretarse, los acusados enfrentarán cargos por tentativa de estafa, uso de documentos falsos y suplantación de identidad, en un caso que expone la gravedad de las maniobras fraudulentas contra personas con discapacidad.
✍️ Redacción Diario Inclusión
