El juez federal Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N°1 de Rosario, deberá prestar declaración indagatoria el próximo 25 de noviembre, acusado de integrar una asociación ilícita que habría facilitado la salida ilegal de 10 millones de dólares al exterior durante el cepo cambiario. La investigación lo vincula con el financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche, quienes también fueron citados a declarar en los días siguientes.
La causa, impulsada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y avalada por el juez federal Carlos Vera Barros, incluye cargos por cohecho agravado, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Aunque se solicitó su detención, esta fue denegada por la vigencia de la Ley de Fueros que protege a los magistrados federales.
Según la fiscalía, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, los imputados habrían manipulado un expediente judicial para beneficiar a empresas vinculadas a Whpei —entre ellas Attila Fideicomisos SRL—, permitiéndoles acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y transferir dólares al exterior, en contra de las restricciones impuestas por el Banco Central.
La maniobra se habría concretado mediante una demanda de inconstitucionalidad presentada ante el juzgado de Salmain, quien habría direccionado el proceso a cambio de un soborno equivalente al 10% de la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, lo que representaría unos 200.000 dólares. Busaniche habría actuado como nexo operativo en la transacción.
Además, se investiga a Salmain por abuso de autoridad en una causa conexa. La semana pasada, su despacho fue allanado por orden judicial, donde se secuestraron computadoras, documentación y su teléfono celular. También se inspeccionaron su vehículo oficial y los móviles de su custodia policial.
Los fiscales sostienen que Salmain utilizó su investidura para intentar acceder a información reservada de la causa en su contra. En octubre, envió un oficio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria solicitando datos sobre los agentes que participaron en los procedimientos judiciales, lo que fue interpretado como un intento de interferencia en la investigación.
La causa también involucra a otros funcionarios y exfuncionarios, como el exjuez federal Marcelo Bailaque y el extitular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de Rosario, Carlos Vaudagna, en un entramado más amplio de presuntas extorsiones a empresarios locales. El caso promete seguir generando repercusiones en el ámbito judicial y político de la región.
Redacción Diario Inclusión 📝
