El 19 de diciembre pasado comenzó en Salta un juicio de alto impacto contra siete integrantes de una organización acusada de transportar 334 kilos de cocaína en dos operativos distintos. El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°2 y continuará en febrero, tras la feria judicial.
La investigación fue llevada adelante por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, bajo la dirección del fiscal Ricardo Toranzos, acompañado por la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y el investigador Facundo Saravia. La causa expone vínculos directos con la Gendarmería Nacional.
Los acusados son Jonathan Leonel Ostapowicz, Richar Ariel Delgado, Diego Hernán Delgado, Gabriel Osvaldo Ruíz Apaza y Adrián Emilio Escarlata, señalados como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado. También enfrentan cargos Federico Rubén Batista y Francisco Agustín Flores, como partícipes necesario y secundario.
La fiscalía subrayó que Batista y Diego Delgado eran gendarmes en actividad, con rango de cabo primero, lo que agrava la imputación. Escarlata, exonerado de la fuerza, y Ostapowicz, comerciante, habrían ejercido roles de liderazgo dentro de la organización.
El caso revela además que otros acusados tenían vínculos con la fuerza: Richar Delgado fue dado de baja tras ser descubierto con 600 mil dólares en su vehículo, mientras que Ruíz Apaza y Flores estaban próximos a ingresar a la institución. La trama exhibe un entramado de corrupción y complicidad.
El primer cargamento fue interceptado el 19 de mayo de 2024 en General Pizarro, departamento de Anta. Diego Delgado conducía una camioneta Amarok con 302 kilos de cocaína acondicionados en 293 paquetes. Al ser detenido, se identificó como cabo primero de Gendarmería y confesó que transportaba droga.
La investigación posterior reveló que la camioneta había sido trasladada desde Misiones a Buenos Aires por el gendarme Batista, quien alegó desconocer el uso ilícito del vehículo. Sin embargo, las irregularidades detectadas en su accionar lo vincularon directamente con la organización.
El segundo cargamento fue descubierto el 26 de octubre de 2024 en El Naranjo. Escarlata conducía una camioneta con 31 kilos de cocaína ocultos en el neumático de auxilio. Al día siguiente, Ruíz Apaza y Flores fueron detenidos en Orán, completando el círculo de capturas.
Los testigos relataron que Escarlata intentó destruir uno de sus celulares al momento del hallazgo, lo que reforzó las sospechas sobre su rol en la logística del grupo. Finalmente, Ostapowicz y Richar Delgado fueron detenidos en febrero de 2025 en Misiones y Corrientes.
Un aspecto llamativo del caso es la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde los acusados compartían audios y videos a modo de tutoriales sobre cómo ocultar la droga en vehículos. Escarlata enseñaba técnicas para “embutir” los paquetes en respaldos de asientos, mientras otros daban consejos sobre cómo evadir controles.
Entre los audios, se destacó uno de Delgado alertando sobre la instalación de un nuevo puesto de control en Joaquín V. González, lo que demuestra el conocimiento interno que tenían sobre los operativos de la fuerza. Ese acceso privilegiado les otorgaba ventaja en sus actividades ilícitas.
El juicio, que continuará en febrero, busca esclarecer la responsabilidad de cada acusado y establecer condenas que podrían oscilar entre los 6 y los 20 años de prisión. La causa expone la gravedad de la infiltración del narcotráfico en fuerzas de seguridad y la necesidad de reforzar los mecanismos de control institucional.
Redacción Diario Inclusión ✍️
