La fiscal federal de la Unidad Fiscal Jujuy, Lucía Orsetti, formalizó este lunes la imputación contra seis funcionarios/as públicos/as por fraude contra la administración pública derivado de la conformación y uso de documentos públicos falsos en el marco de las actuaciones administrativas que fueron labradas por diferentes áreas del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy para la construcción de la Escuela Secundaria N°57 de la localidad Caspalá. La representante del MPF explicó que esas “maniobras” causaron un perjuicio de más de 43 millones de pesos al Estado nacional, que aportó los fondos para obras que comenzaron y no pudieron culminar, dado que el lugar designado para levantar el establecimiento educativo era un yacimiento arqueológico protegido por leyes provinciales y federales, la Constitución Nacional y convenciones internacionales.
La jueza de garantías N°2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, hizo lugar a la imputación formulada respecto de la exministra de Educación provincial, María Teresa Bovi; la titular de la Secretaría de Infraestructura Educativa, arquitecta María Victoria Martínez Fascio, y el director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura de esa cartera, arquitecto José Raúl Torrejón; la asesora legal de ese ministerio, María Cecilia Rotondo; el exasesor legal de la Fiscalía de Estado jujeña, Diego Montenovi; y el excomisionado municipal de Caspalá, Natividad Apaza.
Gregoraschuk estableció, con el acuerdo de la fiscalía y las defensas, que la investigación se prolongue durante los próximos 45 día hábiles, que concluirán el 25 de abril próximo, fecha en la que además vencerán las dos medidas cautelares que impuso a las personas imputadas: la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la actividad judicial en el caso y su sometimiento al cuidado o vigilancia de una institución, que en este caso se llevará a cabo ordenando a cada una de las instituciones donde prestan servicio las personas imputadas para que de inmediato informen al juzgado y a la fiscalía cualquier tipo de modificación en su situación de revista. Al dictar esta medida, la jueza rechazó el pedido de la fiscalía para que se prohíba la salida del país de los/as imputados/as -la querella que representa a la comunidad kolla de Caspalá había requerido además que se les retire su pasaporte- y sostuvo que el arraigo y el carácter de excarcelables de los delitos investigados y de funcionarios/as públicos/as de las personas imputadas hacía presumir que estarían a derecho. Por eso, marcó, se ordenaba un control sobre su situación de revista en los organismos donde se desempeñan.
La fiscal Orsetti interviene en el caso con la asistencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez y con la intervención en el caso del auxiliar fiscal Esteban Venditti. De acuerdo con la fiscalía, las maniobras investigadas ocurrieron en el marco de la iniciativa del gobierno de la provincia de Jujuy para avanzar con las obras de la escuela sobre la cancha de fútbol de Caspalá, el único terreno nivelado del pueblo ubicado a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar que constituye además parte del patrimonio cultural identitario, y en un predio privado con yacimientos arqueológicos subterráneos.
Aquél episodio dio lugar a protestas de la comunidad kolla, que fue reprimida, y luego repercutió en el avance de un caso judicial en el fuero federal, en el marco del cual el mes pasado se arribó a un acuerdo de reparación en el que el gobierno provincial se comprometió a retirarse de los predios ocupados y a regresar al estado de cosas preexistente.
Aquel conflicto forma parte del contexto de los hechos objeto de la investigación por fraude a la Administración Pública en la construcción de la escuela, que -de acuerdo con la hipótesis criminal- los/as funcionarios/as imputados ejecutaron a sabiendas de que la obra se erigía en un lugar no adecuado, en base a la inserción de datos falsos en la documentación oficial y sin tomar las previsiones necesarias para la protección del patrimonio cultural.
En efecto, el 2 de noviembre de 2022 la Dirección de Vialidad provincial irrumpió sin previo aviso en la cancha de fútbol del pueblo, asentada en la finca “Los Pozuelos”.
