El fiscal general subrogante Carlos Fioriti solicitó al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata la imposición de 25 años de prisión para Christian Gilberto Bustos, acusado de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso sexual reiterado y agravado contra una menor de edad, y reducción a la servidumbre. La misma pena fue requerida por la defensora Pública de la Víctima, Inés Jaureguiberry, en representación de las mujeres afectadas.
El pedido se realizó ante los jueces Roberto Falcone, Fernando Minguillón y Nicolás Toselli, en el marco de un alegato que expuso la gravedad de los hechos. Fioriti también reclamó la revocación inmediata de la prisión domiciliaria de la que goza el acusado, al considerar que no existen pruebas médicas que justifiquen ese beneficio y que el riesgo de fuga aumenta ante la perspectiva de una condena elevada.
Además, el fiscal solicitó que se disponga la restitución de una vivienda en Playa Serena y del dinero secuestrado al acusado, junto con una indemnización por daño moral de 10 millones de pesos para cada víctima. La querella, por su parte, pidió una reparación integral que incluye salarios mínimos por el tiempo de explotación y montos que oscilan entre los 30 y 95 millones de pesos.
El juicio reconstruyó cronológicamente los hechos sufridos por las víctimas. SPG fue sometida a explotación sexual desde los 18 años, bajo control absoluto de Bustos, quien determinaba horarios, tarifas y se quedaba con las ganancias. La violencia física y psicológica fue constante, con episodios de golpes y humillaciones que quebraron su voluntad.
El segundo caso, relatado por la querella, tuvo como víctima a NC, quien convivió con Bustos desde 2010. La mujer y sus hijos fueron aislados de sus vínculos familiares y sometidos a violencia y manipulación. La explotación sexual se repitió durante cinco años, bajo amenazas y agresiones, en un contexto de control permanente.
El tercer hecho involucró a XM, hija de NC, quien desde los 9 años convivió con el acusado. A los 14, fue obligada a realizar tareas domésticas y sufrió abusos sexuales reiterados, con al menos cinco episodios documentados. La querella destacó que la violencia y el sometimiento fueron el denominador común en todos los casos, anulando la voluntad de las víctimas y consolidando un esquema de explotación.
El fiscal Fioriti subrayó que el testimonio de las víctimas constituye la prueba fundamental, en línea con la Ley 26.485 de Protección Integral contra la violencia hacia las mujeres. “Las imprecisiones no invalidan los hechos, sino que reflejan la supervivencia y la necesidad de continuar con la vida”, señaló, al remarcar la coherencia y detalle de los relatos que permitieron reconstruir la historia de violencia y explotación.
Redacción Diario Inclusión ✍️
