El Ministerio Público Fiscal informó sobre las medidas adoptadas en el proceso judicial contra los exfuncionarios de San Lorenzo, Ernesto Fernando Gonza y Sergio Armando. La causa se originó en una sentencia dictada en diciembre de 2022, revisada por el Tribunal de Impugnación, que consideró que los hechos investigados constituían delitos consumados.
Durante la audiencia del viernes 7 de noviembre, el fiscal penal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, participó en el debate convocado por el Tribunal, que debía fijar nuevas penas por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios.
Ante la ausencia de Gonza, el fiscal solicitó su declaración de rebeldía y medidas para garantizar su comparecencia. El juez Ezequiel Molinatti acogió el pedido y ordenó su inmediata detención, además de remitir las actuaciones al tribunal de origen para continuar el trámite judicial.
En el caso de Sergio Armando, el Tribunal dictó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, tras confirmar su responsabilidad en los delitos atribuidos. La resolución se enmarca en la revisión de la sentencia inicial, impulsada por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio.
El recurso presentado por la fiscal fue admitido, lo que permitió al Tribunal establecer nuevas penas conforme al marco legal vigente. El proceso continúa con el objetivo de garantizar justicia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Redacción Diario Inclusión 📝
