El inicio de 2026 en General Pizarro estuvo marcado por una seguidilla de episodios delictivos que encendieron las alarmas en la localidad. Ante esta situación, el intendente Francisco “Paco” Pérez elevó un pedido formal al ministro de Seguridad de la Provincia, Gaspar Sola Usandivaras, solicitando el traslado de la totalidad del personal de la subcomisaría local. La medida busca replantear el esquema de seguridad en un pueblo que atraviesa una crisis inédita.
Entre los hechos más graves se encuentra el homicidio de un joven de 25 años, hallado sin vida en inmediaciones de las vías del ferrocarril. Por este caso hay dos personas detenidas. A ello se sumaron otros episodios armados que incrementaron la sensación de desprotección entre los vecinos, como el ataque con arma de fuego a un joven el 1 de enero, que resultó gravemente herido.
Los vecinos relataron que, horas después de ese ataque, se registraron nuevos hechos violentos que terminaron de encender las alarmas en una comunidad que no está acostumbrada a este tipo de situaciones. El miedo y la incertidumbre se instalaron en la vida cotidiana de los habitantes, generando un clima de tensión que motivó la fuerte decisión política del Ejecutivo municipal.
El intendente Pérez aclaró que el pedido de traslado no tiene carácter sancionatorio, sino que responde a la necesidad de garantizar un esquema de seguridad más eficaz. Según explicó, cerca del 80% del personal policial de la subcomisaría es oriundo de General Pizarro, lo que dificulta la intervención imparcial en determinados hechos debido a lazos familiares y vínculos personales.
“En una comunidad chica, donde existen lazos familiares y vínculos personales, se dificulta muchas veces una intervención imparcial”, sostuvo Pérez. En ese sentido, remarcó que los recambios y traslados permitirían fortalecer la prevención del delito y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia, algo que —según afirmó— hoy no está ocurriendo.
El jefe comunal también cuestionó el accionar de la Oficina de la Fiscalía con sede en Apolinario Saravia. Reclamó mayor presencia territorial, rapidez en las actuaciones y un acompañamiento más activo ante hechos de gravedad que requieren respuestas inmediatas del sistema judicial.
Mientras se aguarda una definición por parte del Ministerio de Seguridad provincial, la situación en General Pizarro continúa generando preocupación y mantiene en vilo a la comunidad, que espera medidas concretas para recuperar la tranquilidad perdida.
Redacción Diario Inclusión ✍️
