La Sala 4 del Tribunal de Impugnación resolvió revocar la sentencia dictada en primera instancia contra Ernesto Fernando Gonza, exintendente del municipio de San Lorenzo, y su coimputado Sergio Armando. Ambos habían sido condenados por fraude en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa, pero ahora el Tribunal consideró que los delitos fueron consumados.
La decisión se tomó tras hacer lugar al recurso de casación presentado por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio. El Tribunal coincidió con el planteo de la Fiscalía, que sostuvo que los hechos vinculados al plan “Una casa para tu hogar” generaron un perjuicio concreto al Estado, por lo que no pueden considerarse tentativos.
En consecuencia, se declaró la responsabilidad penal de Gonza y Armando por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios, cometidos en concurso real. Además, se ordenó a la Oficina de Gestión Judicial (OFIJU) fijar una nueva audiencia para determinar la pena correspondiente.
Cabe recordar que el 12 de diciembre de 2022, Gonza había sido condenado a tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al cumplimiento de reglas de conducta. Armando, por su parte, recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional y también debía cumplir reglas de conducta.
Durante los alegatos, la fiscal Salinas Odorisio había solicitado penas de cumplimiento efectivo: cuatro años y ocho meses para Gonza, y tres años y seis meses para Armando. La nueva audiencia podría acercarse a esos pedidos, dado el cambio en la calificación legal de los hechos.
Las defensas técnicas de ambos acusados también interpusieron recursos de casación, pero fueron rechazados por el Tribunal. La resolución fortalece la postura del Ministerio Público Fiscal en su lucha contra los delitos económicos que afectan a la administración pública.
La fiscal Salinas Odorisio representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en una causa que marca un precedente en la interpretación de delitos contra el Estado.
✍️ Redacción Diario Inclusión
