Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) encendió las alarmas sobre el funcionamiento del Ministerio de Capital Humano en la compra, almacenamiento y distribución de alimentos. El documento, ya en manos de la Justicia y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), concluyó que no se puede determinar con certeza quiénes recibieron los productos ni qué mercadería fue efectivamente entregada.
La investigación se enmarca en una causa penal que analiza el presunto incumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia federal. La orden exigía al ministerio conducido por Sandra Pettovello informar el stock disponible y presentar un plan de distribución inmediato. Sin embargo, la PIA advirtió que la información aportada fue incompleta, desordenada y sin respaldo documental suficiente.
El fiscal Sergio Rodríguez, junto a sus auxiliares, señaló que “no resulta posible individualizar con el grado de certeza requerido quiénes fueron los destinatarios finales de los alimentos acopiados”. El informe fue remitido al juez federal Sebastián Casanello, quien lo derivó a la SIGEN y a la Oficina Anticorrupción para profundizar los controles administrativos.
Entre las irregularidades detectadas figuran inconsistencias en los datos de stock, diferencias entre planillas oficiales y registros judiciales, remitos sin firma de recepción y ausencia de documentación clave para reconstruir la trazabilidad de los productos. Además, se destacó la falta de manuales y procedimientos formales que regulen la entrega de alimentos, lo que contradice los principios de legalidad y buena administración.
El dictamen también remarcó “patrones de informalidad y desorganización” en la gestión administrativa, que impidieron verificar si las compras realizadas —incluidas licitaciones millonarias a través de organismos internacionales— cumplieron con el fin previsto. La Fiscalía Federal a cargo de Paloma Ochoa incorporó el informe al expediente judicial.
Los alimentos bajo la lupa incluyen aceite de girasol y lentejas adquiridos mediante licitaciones internacionales, leche en polvo con 465 toneladas próximas a vencer, harina de maíz, legumbres y fideos. En muchos casos, los registros consignaban los productos de manera genérica, sin especificar peso, lote ni tipo exacto, lo que imposibilitó reconstruir su recorrido.
La situación expone un grave problema de gestión en un área clave para la asistencia social, donde la falta de controles y transparencia compromete la seguridad alimentaria de miles de familias vulnerables.
✍️ Redacción Diario Inclusión
