Lejos de promover equidad o modernización genuina, el plan del Gobierno nacional para reemplazar las indemnizaciones por despido se revela como una avanzada regresiva sobre los derechos laborales. Los Fondos de Cese Laboral, que en principio buscarían ofrecer previsibilidad, terminan consolidando un esquema de protección exclusiva para los empleadores, debilitando al eslabón más vulnerable del sistema: el trabajador.
El modelo, que ya funciona en la industria de la construcción, se negocia ahora en sectores como la Seguridad Privada, los Gastronómicos y el Agro. Es precisamente en estos espacios —donde la rotación laboral es alta y las condiciones de trabajo suelen ser precarias— donde el Ejecutivo pretende aplicar una fórmula que desliga a las patronales del pago de indemnizaciones, bajo el argumento de fomentar empleo.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, celebró la iniciativa como “creativa”, ocultando bajo ese adjetivo lo que en esencia representa una desprotección institucional del trabajador. El sistema propuesto permite definir libremente los aportes y elimina la obligación de indemnizar por antigüedad, lesionando la estabilidad de quienes construyen valor día a día desde abajo.
La aprobación reciente de una resolución de la Comisión Nacional de Valores para habilitar fideicomisos financieros refuerza la arquitectura legal de esta transformación. Una transformación que no promueve igualdad ante la ley, sino blindaje financiero para los fuertes y exposición para los débiles.
Más allá del marco jurídico, lo que subyace es una visión ideológica profundamente individualista, en la que los derechos colectivos se reducen a contratos privados y el Estado se retira del rol protector que históricamente supo tener. Esta doctrina, promovida por Javier Milei, reconstruye viejas prácticas de sometimiento donde el trabajador no podía ni mirar a los ojos a su patrón.
La precarización, bajo ropaje técnico, busca reinstalar una cultura laboral del miedo, en la que el empleo es un privilegio que se agradece en silencio, y no una relación de reciprocidad y justicia. Esto no es modernización: es restauración clasista.
La historia laboral de Argentina está atravesada por conquistas que costaron décadas. Este tipo de reformas, más que avanzar, parecen conducir a un país donde la dignidad del trabajo vuelve a estar en riesgo.
Redacción Diario Inclusión
