A partir de hoy, y con fecha tope del miércoles, las defensas -con distintas estrategias- presentarán una catarata de apelaciones contra el fallo que el jueves pasado dictó el juez Claudio Bonadio por encubrimiento agravado y traición a la Patria contra diversos referentes del universo K.
Cuestionado por haber agregado a los procesamientos una selectiva razzia de prisiones preventivas, los argumentos defensivos se apoyarán en arbitrariedad a la hora de interpretar el fallo de la Cámara Federal conocido como «doctrina Irurzun», y por la inconsistencia del procesamiento cuyo fundamento sería que Argentina e Irán están en guerra. Cristina de Kirchner solamente apelará el pedido de desafuero al Senado con prisión preventiva, lo mismo que Héctor Timerman. El excanciller volvió a reclamar públicamente que se eleve a juicio lo antes posible el expediente con el objetivo de deslindar la responsabilidad que le adjudica el fallo de Bonadio.
Uno de los puntos centrales que tendrán todas las apelaciones lo dio el propio exsecretario General de Interpol, Ronald Noble, quien vía Twitter cuestionó como «sesgado» el «informe» del juez y reclamó que nunca se lo interrogó sobre los alcances de las alertas rojas sobre los acusados iraníes por el ataque a la AMIA. Públicamente negó siempre que Argentina o que Timerman hubiesen solicitado la caída de las circulares -parte de la hipótesis del fiscal Alberto Nisman cuando planteó su denuncia en enero de 2015- y que las alertas jamás corrieron riesgo con la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. En su momento, el fiscal Gerardo Pollicita hizo esfuerzos para que su testimonio fuese incorporado a la causa, pero las defensas alegan que Bonadio saboteó su convocatoria porque la hizo a través del requerimiento de circulares azules -que ubican el paradero de personas- lo que no implica a exdirectivos de la policía internacional. La cuestión es compleja porque para cualquier asunto vinculada con la labor de Interpol, es este organismo el que debe contestar el requerimiento judicial. Tal como había hecho con Nisman, Noble desautorizó ahora a Bonadio y le entregó a los abogados una vía ideal para desbaratar su fallo. Todos exigirán su citación como testigo.
El caso del piquetero Luis D´Elía tiene sus particularidades: como adelantó Ámbito Financiero, Bonadio hizo caso omiso a su propia eximición de prisión que le fue notificada a su abogado Adrián Albor el 15 de noviembre pasado. Tras negarse en un primer momento, la defensa recurrió a la Cámara Federal que ordenó tramitar el pedido cuando solo se podía intuir el fallo inminente de Bonadio. El fiscal Eduardo Taiano opinó que no había riesgos procesales para permitirle permanecer en libertad, y en una segunda mirada, el juez se apoyó en la opinión del Ministerio Público para concedérsela a regañadientes. Veinte días después lo detuvieron en su domicilio por los que los abogados se saltearán instancias intermedias y apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta vulneración del Pacto de San José de Costa Rica.
El procesamiento de Bonadio comenzó con cita textual a una escucha entre Timerman y el titular de AMIA, Guillermo Borger. La propia Sala II de la Cámara adujo que no podría ser utilizada como prueba hasta tanto no se dilucidara su origen. Hasta ahora no se detectó que fuera una pinchadura autorizada. Para las defensas, Bonadio incurrió en errores conceptuales y jurídicos para fundamentar su decisión: no solo no había una situación de guerra entre Argentina e Irán (como exige el delito de traición a la Patria), sino que la responsabilidad de los iraníes todavía está bajo investigación en la causa principal, sin procesamientos. Así Bonadio se habría entrometido en un expediente a cargo de su par Rodolfo Canicoba Corral. También destacan una confusión: el juez habla de la «Yihad Islámica» como una organización terrorista, siendo que es un término conceptual que engloba a distintas organizaciones. También se hallaron diferencias con respecto a crimen de guerra y crimen de agresión, algo que de acuerdo al Estatuto de Roma, son cuestiones disímiles.
En lo general, volverán a insistir con que el Pacto con Irán cumplió con todos los pasos requeridos para ponerse en vigencia a la luz pública. Fue rubricado por los cancilleres y presentado por la expresidente al Congreso, donde se abrió espacio para su debate. Incluso terminó por ser declarado inconstitucional por intervención del Poder Judicial.
También se destacará pasaje en el cual se acusa al exsecretario de inteligencia, Juan Martín Mena por haber viajado a Lyon con Timerman. Sin embargo, de esa reunión en Interpol regresaron con una nota de Noble sosteniendo que el status de las circulares rojas permanecía inamovible.
Hubo también discrepancias con la situación procesal que cayó sobre algunos respecto de a quienes el juez les dictó «falta de mérito», pero esa situación quede probablemente para la interna y no forme parte de las apelaciones. Para los imputados llamó la atención que Susana Ruiz Cerruti quedase al margen de los procesamientos, lo mismo que la selectividad de las prisiones, cuando el reparto de funciones en el anterior gobierno hubiese implicado un repertorio distinto de encarcelados.
La discusión por los embargos y el monto será puesta en tela de juicio, Varios de los implicados no cuentan con un nivel patrimonial para soportar los $ 50 millones dictados por el juez. Si no cuentan con esos fondos, pierde sentido la medida.
La semana pasada hubo dos noticias concretas sobre la causa AMIA: La fiscalía continuó sus alegatos en el juicio más importante a nivel histórico por el encubrimiento del atentado con el expresdiente Carlos Menem como acusado; y se destrabó el juicio oral por la conexión local con la voladura que tiene como único imputado, 23 años después, al exreducidor Carlos Telleldín.
