El Gobierno nacional pidió este lunes el apartamiento del juez federal Luis Rodríguez de la causa que investiga irregularidades en el manejo de fondos relacionados con Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), por la que está detenido el diputado nacional del FpV, Julio De Vido.
El pedido de la Casa Rosada se tramitó a través de la Oficina Anticorrupción, a cargo de la exlegisladora del PRO Laura Alonso. Según confirmó la propio titular de la OA a través de las redes sociales, al pedido de apartamiento de Rodríguez se suma la solicitud de restitución del fiscal Carlos Stornelli, quien fue reemplazado por su par Eduardo Taiano por disposición del magistrado.
La #OficinaAnticorrupción es querellante en la causa de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio desde hace meses. El escrito q pide restituir al fiscal y apartar al juez se presentó esta mañana pic.twitter.com/XhjU9URHtb
— Laura Alonso ???????? (@lauritalonso) March 26, 2018
Stornelli, exjefe de seguridad de Boca Juniors durante la gestión de Mauricio Macri en el club de la Ribera, fue apartado el miércoles pasado de la causa por la falta de «parcialidad» del fiscal señalado como macrista. «(Siento) un poquito de bronca y desazón. Como veía que venía trabajando el juez(Rodríguez), me lo esperaba. Después de tantos logros procesales, se ve que era necesario correrme«, reprochó Stornelli días atrás.
El funcionario judicial fue desplazado de esta investigación a pedido de Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación de Planificación y colaborador de De Vido. Por los antecedentes políticos de Stornelli,Rodríguez argumentó que existe un «fundado» temor de pérdida de objetividad para Baratta por parte del fiscal.
Antes, Stornelli había sido denunciado por el delito de «violación de secreto» a raíz de la filtración al periodismo oficialista de su dictamen de desafuero, pedido de detención e indagatoria del ex ministro de Planificación. Esta causa fue iniciada con una presentación del Adrián Daniel Albor, defensor del también imputado y ex directivo de YCRT, Fernando Lisse, y recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
El titular de la Fiscalía Nº 4 en lo Criminal y Correccional Federal es hijo de un militar, fue nombrado fiscal en 1993, está casado con una funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación y fue integrante de la Comisión de Seguridad que armó Macri para Boca en 2007. Desde ese año se pidió licencia en la Justicia y ocupó hasta 2010 el Ministerio de Seguridad bonaerense bajo la gobernación de Daniel Scioli. Tras ser reemplazado por Ricardo Casal, volvió a su fiscalía y a la actividad política xeneize con Daniel Angelici: fue vocal de Boca.
La esposa de De Vido, Alejandra Minnicelli, rechazó el pedido de la OA contra el juez Rodríguez y denunció una intromisión del Gobierno en el Poder Judicial. «Estamos tomando como algo normal cosas que son aberrantes. Estamos viviendo la falta de independencia de los tres poderes del Estado. Lo que está pasando es terrible», alertó la exsíndica de la Sigen.
«El cuento de la corrupción con el que subió este Gobierno tampoco se sostiene. Los que habían señalado con el dedo por la falta de transparencia ahora son ellos, con las cuentas offshore y diciendo que es normal», agregó Minnicelli en diálogo con Radio 10.
La mujer del exministro también rechazó la idoneidad de Stornelli para asumir esta causa y volvió a reclamar la libertad de De Vido. «Los abogados de Julio están tratando de apartar al fiscal Stornelli porque cuando uno está falto de imparcialidad, se tiene que apartar. El día que se caiga la careta va a hacer mucho ruido. La expectativa es la misma que al principio, que Julio debería seguir adelante con sus causas en libertad. Julio ha rendido cuentas siempre y ha estado a derecho, pero él molesta. (Esto) habla de una influencia nefasta del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial«, sentenció.
Maximiliano Rusconi, abogado defensor del exministro, aseguró que en lugar de «controlar la transparencia del Gobierno en tiempo real» la Oficina Anticorrupción «está trabajando como nunca a tono con el Gobierno». En declaraciones a radio Cooperativa, el letrado calificó el informe de la OA como «un intento vergonzoso» de «presionar al juez para que no se le ocurra ni pensar en excarcelar a De Vido».
«En democracia nunca hemos vivido esta presión sobre la Justicia. Hay una actuación vergonzosa, partidista e inmoral presionando jueces, adelantándose a algo que todavía no sucedió», dijo.
