El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak ordenó la intervención del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) en el marco de la investigación contra su titular, Marcelo Balcedo, quien se encuentra detenido en Uruguay a la espera de su extradición para ser juzgado en la Argentina por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
En su resolución, el magistrado dispuso entonces «suspender en el ejercicio de sus funciones estatutarias a la totalidad de las autoridades integrantes de los órganos de gobierno, administración y fiscalización del SOEME cuyo mandato se encuentre vigente, hasta tanto se disponga el cese de la intervención judicial».
Kreplak reveló que el 22 de diciembre anterior se había aprobado la «licencia» de Balcedo en el cargo a nivel nacional, no así el que simultáneamente ostentaba como secretario general de la Delegación Provincia de Buenos Aires.
Al ordenar la intervención, Kreplak señaló que «el respeto estricto al principio de libertad sindical, según el cual el Estado reconoce a los trabajadores el derecho a organizarse libremente en defensa de sus intereses, encuentra un correlato necesario en la intervención excepcional de los poderes públicos cuando la actividad de los representantes sindicales alcanza niveles de infracción normativas de la máxima gravedad».
Balcedo, secretario del Soeme y su esposa están detenidos con prisión preventiva desde su arresto el 4 de enero pasado, luego de que la Interpol los requiriera por «delitos contra el orden económico» en «asociación ilícita». Por lo pronto, el gobierno de Uruguay recibió el pedido para extraditar al sindicalista y a su mujer luego de que les fueran decomisados seis millones de dólares en efectivo en seis cajas fuertes. Se espera que la próxima semana el juzgado de Crimen Organizado cite a una audiencia para analizar de manera formal la solicitud.
En caso de que Balcedo acepte la extradición para enfrentar a la justicia de su país, la entrega a las autoridades argentinas se haría de manera rápida, una vez que el juez lo decrete, explicaron fuentes cercanas al proceso. Sin embargo, si rechazan la extradición, el sindicalista y su esposa tendrían al menos dos instancias judiciales adicionales a las cuales podrían recurrir y el proceso dilataría meses y eventualmente hasta un año.
Como parte de las investigaciones, autoridades uruguayas encontraron el 18 de enero seis cajas fuertes en bancos de plaza en Montevideo y en el departamento de Maldonado (este), con seis millones de dólares, considerado el mayor decomiso en efectivo en la historia del país.
La pareja fue aprehendida en su lujosa chacra, en el balneario de Playa Verde (Maldonado). En en lugar, en el que vivían con sus tres hijos menores, había incluso un zoológico privado y más de una decena de autos deportivos de alta gama. Durante la detención, la policía incautó además armas de fuego, 500.000 dólares en efectivo, así como documentos y joyas.
