El juez espera una auditoría para convocar al ex ministro de Planificación para que explique si hubo sobreprecios en las compras al exterior por US$15 mil millones.
El juez federal Claudio Bonadio se apresta a decidir el llamado a indagatoria del ex ministro de Planificación Julio De Vido por irregularidades en las contrataciones de buques con gas natural licuado por los que se llegaron a pagar 15 mil millones de dólares.
Bonadio está esperando la finalización de una auditoría sobre la empresa Estatal Enarsa para decidir a quién más indagaría, además de De Vido. De acuerdo a la prueba acumulada, Bonadio deberá llamar a De Vido a que declare como sospechoso.
El juez no solo investiga posibles sobreprecios en las contrataciones de buques regasificadores, sino también irregularidades en la contratación de los contratos de los seguros ambientales y de las agencias marítimas, entre otros puntos.
La convocatoria a declarar como sospechosa complica al actual diputado por el Frente por la Victoria (FPV) que ya tiene tres procesamientos. Uno por la Tragedia de Once, otro por la compra de trenes chatarra a España y Portugal y otro en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez.
El caso de ENARSA es uno de los escándalos que aún no se ventiló en la Justicia. Se trata de la empresa energética estatal que creó el ex presidente Néstor Kirchner en el 2004, y estuvo hasta el 2013 bajo la órbita de De Vido y su hombre de confianza, Roberto Baratta. Luego pasó bajo el control del ministro de Economía Alex Kicillof.
Entre el 2003 y el 2015 llegaron a la Argentina 530 barcos a un costo de 15.000 millones de dólares que pagó ENARSA, que dirigía Ezequiel Espinosa, otro de los investigados. Espinosa es el mismo funcionario que en el 2007 trajo en un avión alquilado por ENARSA al colombiano Antonini Wilson con una valija con 800 mil dólares que habrían ido a la campaña electoral de Cristina Kirchner. En la causa se usa como prueba un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que estimo que hubo sobreprecios del 20%. De esta forma, se habrían desviado 3.000 millones de dólares. Una fuente judicial afirmó que parte de los pagos se hacía a través de un banco privado que tenía una cuenta ubicada en un banco de Panamá. Los pagos para la compra de estos buques debían de hacerse en efectivo y antes de que se bajara la escalera de contacto con un puerto argentino.
Los buques entraban al puerto de Escobar o al de Bahía Blanca para inyectar el gas en la red nacional y evitar cortes por la crisis energética que provocó el kirchnerismo, en el marco de estrictas medidas de seguridad.
Fuentes judiciales informaron que esta operatorio comenzó en el 2008 con la compra de 8 buques provistos por YPF-Repsol y luego pasó a contratarse a Gas Natural Fenosa de España, British Petroleum, Vittol, Glencore y Morgan & Stanley.
A fines del año pasado, por órdenes del magistrado, personal de la Policía Federal se presentó en al menos cuatro agencias marítimas en Bahía Blanca para requerir información relativa a la compra de cargamentos de GNL entre 2008 y 2013, un negocio que en ese plazo le costó al Estado más de US$ 15 mil millones.
En el 2015 , Los investigadores se llevaron documentación referida a la importación de más de 200 buques metaneros de gas de las agencias Walsh, Dulce, Helénica y Meridian Marítima. Estas empresas se encargaron de contratar servicios y cubrir todo el espectro de trámites administrativos en Aduana y Prefectura.
