El juez federal Claudio Bonadio procesó a la expresidenta Cristina de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en el marco de la causa Los Sauces y la embargó por 130 millones de pesos.
Según la resolución, la expresidenta fue procesada como autora penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles.
También fueron procesados los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, por tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe. La medida también implica la prohibición de salida del país tanto para la exprimera mandataria como para sus hijos.
Como era de esperarse, la expresidente eligió las redes sociales para hacer referencia al procesamiento de Bonadio. En una catarata de tuits, Cristina de Kirchner apuntó al juez Bonadío a quien lo relacionó con «una puesta en escena» montada por el Gobierno porque «la situación económica empora».
«Bonadío, desde las dependencias del Poder Ejecutivo en Comodoro Py dicta el segundo procesamiento por asociación ilícita y ahora -como la situación económica empeora- le agrega a hijos, escribanos, contadores – y al mismo tiempo y en la misma resolución donde ordena los procesamientos Bonadío se declara incompetente», escribió la exmandataria a través de sus redes sociales.
Asimismo, Cristina de Kirchner se preguntó «cuál será el próximo acto que están pesando armar» al tiempo que recordó que el expediente pasó a manos de Ercolini «quien en el 2011 ordenó el sobreseimiento en idéntica causa»
¿Y con el expediente qué pasó? Se lo mandó a Ercolini, que en el 2011 ordenó el sobreseimiento en idéntica causa…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 4, 2017
La investigación se originó en abril de 2016 por una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer contra Cristina y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas.
El pasado 7 de marzo, la exmandataria acudió a los juzgados federales llamada a declarar por Bonadio y tras declinar comparecer, presentó un escrito en el que rechazó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una «maniobra político-judicial» impulsada, según asegura, por el Gobierno de su sucesor,Mauricio Macri, y que busca presionar a los jueces para que vayan contra ella y su familia.
