El juez federal Claudio Bonadio pidió que el Servicio Penitenciario informe quiénes visitaron durante los últimos quince días en la cárcel de Ezeiza al exsecretario de Legal y Técnica del kirchnerismo, Carlos Zannini, acusado del presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del polémico Memorándum con Irán.
También puso su lupa sobre el entorno del exjuez Héctor Yrimia, otro de los señalados por el fallecido fiscal Alberto Nisman en la trama del supuesto pacto con Teherán.
La pesquisa que ordenó el magistrado fue iniciada a raíz de un informe que llegó al juzgado en el que se desprende «una operación» para «ensuciar» el expediente, explicó a Ámbito Financiero una fuente judicial. Entre otros puntos, ahora Bonadio quiere saber si Roberto Herrera, presunto socio de Yrimia, visitó a Zannini en su lugar de detención.
Herrera es uno de los socios del estudio jurídico que defendieron a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci, condenados del triple crimen de General Rodríguez. Mientras el abogado Humberto Próspero defendía a los dos primeros, su colega María Elizabeth Gasaro hacía lo mismo con el tercero. Otro de los socios del estudio es Yrimia, quien investigó parte de la causa AMIA mientras fue fiscal en los 90.
Sobre las extrañas visitas de Herrera a Zannini, el magistrado tiene dos fechas en la mira. Una de ellas sería la del miércoles 21 de febrero. Aquel día, Herrera habría llegado junto a Patricia Alzúa (esposa del exfuncionario K) y Eugenio Zaffaroni, aunque el exjuez de la Corte Suprema no ingresó a la visita.
Antes de morir, Nisman había señalado a Yrimia por, supuestamente, haber sido una de las piezas claves del entramado de encubrimiento en la causa AMIA y de actuar con la exSIDE. Pese a la acusación del fiscal y luego a un dictamen firmado por el fiscal Federal Gerardo Pollicita, Yrimia no fue incluido en el listado de los procesados por Bonadio.
El pasado 21 de diciembre, la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, pidió que el juez Bonadio profundice la investigación sobre Yrimia y el operador político Roberto Porcaro a raíz de algunas escuchas telefónicas.
«En ese contexto, la irrupción a días de la firma del pacto de Roberto Porcaro quien es mencionado como un operador directo de Cristina Fernández de Kirchnerreuniéndose con los representantes de personas de nacionalidad iraní prófugas (incluyéndose referencias a sobre la naturaleza «política» de las conversaciones y el «mega negocio» en discusión, entre otras), así como de Héctor Yrimia (quien según los interlocutores ayudaría a desviar la investigación) no puede ser pasada por alto. Ello impone dar tratamiento al pedido de indagatoria del segundo y avanzar en la investigación de lo enunciado, sobre la base de indicios obrantes en esta y otras causas», se lee en el fallo de la Cámara.
Si el juez confirma las visitas de Herrera a Zannini, la situación de Yrimia podría complicarse por presunta «obstrucción a la Justicia» y se podría pedir su «inmediata detención», indicó a este diario una de las fuentes consultadas. En los próximos días, Bonadio revería la situación de algunos procesados que están sin prisión preventiva, como es el caso del ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli; quien fuera su segundo, Juan Martín Mena, y del espía inorgánico Ramón Allan Bogado, que pasa los fines semana pescando en las aguas del río Paraná a la altura de la localidad correntina de Paso de la Patria.
A mediados de febrero, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió enviar el caso a juicio oral y público con Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, entre los acusados. El pedido también alcanza al dirigente Luis D´Elía, al ex líder de Quebracho Fernando Esteche y al representante de la comunidad islámica en el país Jorge Khalil, quienes se encuentran con prisión preventiva.
En total son once los implicados en la causa que se inició por la denuncia hecha por Nisman el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de su aparición sin vida en el departamento de Puerto Madero, y en la que aseguraba que la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán -por la cual se buscaba tomar declaración en Teherán a los acusados- había sido la herramienta utilizada para intentar desviar la investigación y dejar de inculpar a los funcionarios iraníes señalados como los autores intelectuales de la voladura de la sede de la mutual judía en Buenos Aires.
