Tras una operación «compleja y extravagante» cuyo proceso investigativo llevó más de catorce meses de trabajo de policías, fiscales especializados, jueces y servicios secretos de varios países, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció ayer, con bombos y platillos, la detención de un policía porteño y un ex funcionario ruso involucrados en el frustrado tráfico de 389 kilos de cocaína distribuidos en 360 paquetes acondicionados en valijas diplomáticas que se encontraron en una dependencia de la embajada de Rusia en Buenos Aires.
La causa de las narcovalijas se abrió el 14 de diciembre de 2016 cuando el embajador ruso en Argentina se comunicó con el ministerio de Seguridad para informar la existencia de doce valijas diplomáticas con cocaína, que se encontraban en una dependencia de la sede diplomática de Buenos Aires. Desde la cartera se comunicaron con la Procuraduría de Narcocriminalidad que le dio intervención al juzgado federal de Julían Ercolini y al fiscal Eduardo Taiano. «Fue un procedimiento que requirió de un gran despliegue y sigilo, porque era necesario mantener en secreto la operación», explicó la ministra en conferencia de prensa. La labor incluyó escuchas, tareas de inteligencia y un plan para cambiar la droga por harina y colocar un GPS disimulado en el cargamento -que era enviado por valija diplomática-, a los efectos de monitorear la ruta de la droga y poder dar con los receptores en destino.
La investigación tuvo aspectos desopilantes, como por ejemplo el momento que hubo que conseguir la harina para cambiarla por la cocaína. «No teníamos plata para comprarla en el Mercado Central», relató Bullrich.
Los involucrados son un subinspector de la Policía de la Ciudad y un exfuncionario ruso. Además hay un prófugo que buscan en Alemania y al que denominan «Señor K». Pero no se obtuvieron mayores precisiones sobre los financiadores de la operación ni de los clientes en destino. «Cayeron las mulas pero no los traficantes, como ocurre en la mayoría de las oportunidades», analizó una experta en narcocriminalidad consultada por Ámbito Financiero. Las escuchas telefónicas permitieron conocer que el destino de la droga era Rusia y algunos países de Europa. El tráfico iba a ser bastante simple: las valijas diplomáticas no son sometidas al control de las autoridades aeroportuarias y logran trasponer los controles dispuestos en los aeropuertos internacionales sin que se detecte ninguna carga irregular (tal como ocurrió en 2004 con el recordado caso de las narcovalijas de Southern Winds, abandonadas en el aeropuerto de Barajas).
¿Por qué no intervino la Corte?
La Constitución Nacional establece que los casos judiciales en los que están involucrados funcionarios o diplomáticos de otros países, debe ser instruidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso más emblemático que evidencia esta situación es la causa que investiga la responsabilidad del atentado a la embajada de Israel, ocurrido en marzo de 1992. «No alcanza con dar intervención a la justicia federal y a la PROCUNAR, debió haber tomado intervención la el Supremo Tribunal», deslizó un funcionario del ministerio público fiscal consultado por este diario. «De lo contrario se corre el riesgo de que el operativo pueda ser declarado nulo, dilapidando el esfuerzo de los investigadores e impidiendo que los detenidos puedan ser juzgados a causa de este serio error de procedimiento», acotó la fuente.
Si bien desde la PROCUNAR admitieron que efectivamente la Corte debe tomar intervención en causas de relieve internacional que involucran a otros estados, explicaron que «tras lo ocurrido en AMIA es costumbre judicial delegar la instrucción en los jueces federales y los fiscales, sobre todo cuando se requiere de medidas urgentes, como en este caso». La pregunta es si, al menos, Ercolini notificó a la Corte para formalizar la delegación de la instrucción. La respuesta del funcionario fue incierta: «Seguramente ese requerimiento fue cumplimentado, pero no lo puedo confirmar».
