Así lo determinó Martín Irurzun, camarista, quien además es el responsable de manejar las escuchas telefónicas. Ida y vuelta, sin tregua, entre la diputada y el presidente de la Corte Suprema.

La Justicia argentina ordenó abrir nuevamente una investigación contra la diputada Elisa Carrió sindicada por supuesto enriquecimiento ilícito, en el marco de la relación complicada de la legisladora de la Coalición Cívica con Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema, contra quien procura llevar adelante con éxito un juicio político.
La Cámara Federal decretó la nulidad del archivo del expediente oportunamente dictado por el juez Daniel Rafecas a fines de 2016, mientras que ahora Carrió se ve frente a un año electoral que tendrá cargando con esta acusación en su contra.
La decisión quedó en poder de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, quienes consideraron que hubo falencias al notificarle al denunciante que tenía que presentarse para ratificar su denuncia; motivo por el cual, consideraron que la conclusión a la que llegó el juez Rafecas (el archivo de la causa sustentado en la incomparecencia) fue nula «por fundamentación aparente».
No cabe duda de que todo esto es, ni más ni menos, que otro capítulo del enfrentamiento de Carrió con Lorenzetti, ya que cuando la diputada solicitó el juicio político contra Lorenzetti, lo denunció a éste -entre otros temas- por las escuchas, que se encuentran en manos nada menos que de Irurzun, quien ahora decidió reabrir la causa en contra de la diputada de la Coalición Cívica.
Cuando Cristina Kirchner aún estaba en ela presidencia de la Nación, le sacó las escuchas a la AFI y las pasó a la Procuración. El hecho generó un revuelo, y tras la asunción de Mauricio Macri decidió transferirlas por decreto a la Corte Suprema y pasaron a manos de su presidente, Lorenzetti.
El titular de la Corte fue quien creó una dirección general para manejar las escuchas y a su cargo puso a la cámara cuyo titular es Irurzún.
En este marco de llamativas casualidades, el Centro de Información Judicial (CIJ) que dirige María Bourdin que responde a Lorenzetti, publicó este sábado en su portada una foto de la firma de un convenio con el Ministerio de Justicia para el combate del lavado de activos, en la que se ve al titular de la Corte junto al ministro Germán Garavano, y con ellos aparece Irurzun y Juan Tomas Rodríguez Ponte, otro de los encargados de las escuchas telefónicass, ex secretario del juez Federal, Ariel Lijo, otro de los acusados por Carrió.








