Luego de la maratónica sesión por la legalización del aborto, el Senado se dispone hoy a tratar el dictamen que autoriza los allanamientos a domicilios y el despacho de la expresidenta Cristina de Kirchner, solicitados por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por presuntas coimas en la obra pública iniciada a raíz de las revelaciones anotadas en ocho cuadernos por un exchofer del Ministerio de Planificación, Oscar Centeno.
La sesión en la que se debatirá si autoriza o no los allanamientos está convocada para las 11. Pese a que la votación por el aborto se produjo recién a las 2:44 de esta madrugada, desde el Senado aseguraron a ámbito.com que la sesión «sigue en pie» y ya la seguridad de la Cámara realizaba los preparativos desde temprano para llevar a cabo el debate.
La decisión de la comisión (que no contó con la presencia de Cristina de Kirchner pese a ser integrante) se tomó luego de que el kirchnerismo cuestionara la ausencia de los fundamentos en el oficio que el juez federal envió al Senado en el marco de la causa que investiga el presunto cobre de coimas en torno a la obra pública. Se espera que la expresidente asista a la sesión de hoy.
También se dispuso que la autorización sea únicamente para los domicilios de la senadora por la provincia de Buenos Aires en Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad de Buenos Aires y no su oficina en el Palacio Legislativo y se le requiere al juez federal que respeta el «derecho a la intimidad» y el «decoro» en caso de que se lleve a cabo el operativo de allanamiento.
La investigación tiene su origen en las anotaciones de Centeno, exchofer de la mano derecha de Julio de Vido, Roberto Baratta, en las que dejó constancia de supuestos encuentros de funcionarios y empresarios en los que se entregaban sobre y bolsos con dinero, presuntamente en conceptos de coimas por la obra pública durante los años de gobierno kirchnerista.
Hasta ahora, varios empresarios, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri y heredero en la conducción de IECSA, empresa del holding familiar, se acogieron a la figura del «arrepentido» y admitieron ante Bonadio los pagos ilegales, pero afirmaron que se trató dinero que entregaron bajo «extorsión».
