La expresidente Cristina de Kirchner reclamó la nulidad del procesamiento en su contra en la causa en la que se la acusa de haber direccionado la obra pública en favor del detenido empresario Lázaro Báez.
La ex mandataria hizo la presentación judicial a través de su abogado, Carlos Beraldi, ante la sala I de la Cámara Federal porteña que la había convocado hoy a una audiencia para fundamentar la apelación al fallo en su contra.
En un extenso texto, que la exmandataria difundió por redes sociales, su abogado pidió que se deje sin efecto el procesamiento y el embargo millonario y volvió a denunciar una «persecución política» en contra de su defendida.
El texto, dividido en dos grandes partes, comienza con la contextualización del procesamiento en contra de la exmandataria e incluye un largo análisis de la situación política que, según la presentación, propició el fallo.
Desde que la ex presidenta finalizó su mandato en diciembre de 2015 «ha sido ya procesada en tres oportunidades, sin que existan los más mínimos elementos fácticos o jurídicos que justifiquen tales pronunciamientos», sostuvo Beraldi.
El abogado de la exjefa de Estado rechazó que su defendida haya ordenado el direccionamiento de la obra pública en favor de Báez y cuestionó en duros términos a los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahíques y al juez Julián Ercolini, quienes propiciaron su procesamiento.
En la argumentación que presentó por escrito ante los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, Beraldi sostuvo que esta causa está vinculada con una anterior, del 2008, abierta a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió en la que no habían elementos incriminatorios contra la ex presidenta pero que eso cambió con el nuevo gobierno.
«Durante ocho años investigaron la misma supuesta asociación ilícita en el marco de un expediente `madre´ en el cual jamás encontraron elemento incriminatorio alguno para ordenar autos de procesamiento o tan siquiera alguna medida cautelar dirigida a hacer cesar o detener tan ´evidente´ maniobra», sostuvo.
«A partir de la intervención de los nuevos fiscales Mahiques y Pollicita fue torcido el curso del proceso para ser direccionado en contra de mi representada, quien ni siquiera aparecía como imputada cuando aquellos asumieron la dirección de la instrucción», afirmó Beraldi.
En la misma dirección sostuvo que «se quebró el principio de autonomía del Ministerio Público a través de la evidente intervención del Poder Ejecutivo Nacional en la dirección de esta causa», al señalar que Mahiques es hermano del Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación.
La defensa de la ex presidenta resaltó que los giros en la investigación comenzaron a partir del nombramiento de Javier Alfredo Iguacel, un ex candidato a intendente del macrismo, en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Beraldi resaltó que a principios de 2016, y tras el nombramiento de Iguacel, la DNV elaboró un informe enfocado en la obra pública de Santa Cruz que dio origen a una nueva denuncia que se anexó a la anterior y que devino en el procesamiento de la ex mandataria.
«En apenas cuatro meses los fiscales y el juez `investigaron´ todas las leyes de presupuesto sancionadas y promulgadas durante doce años» y todas las disposiciones de los distintos órganos de gobierno, remarcó Beraldi.
«Sentado cuanto precede y sin caer en subjetividades, salta a la vista que los fiscales Mahiques y Pollicita tomaron intervención en esta causa con la decisión preconcebida de imputar penalmente a mi representada», sostuvo.
Sobre el embargo de 10 millones de pesos trabado sobre los bienes de la ex presidenta, Beraldi sostuvo que «carece de proporción con el patrimonio» de su representada y «tampoco guarda relación alguna con el supuesto perjuicio irrogado al Estado, el cual ni siquiera fue calculado».
