Gracias a la seguridad que imponen las reuniones del G20 se detectó que Juan Manuel Illescas, periodista acreditado en la Casa Rosada, tenía un pedido de captura nacional e internacional por «abigeato (hurto de ganado), incumplimiento de las normas de comercialización de ganado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documentos públicos».
El periodista hace cosa de unos seis meses se lo veía muy activo cubriendo las actividades presidenciales para «Radio Integral», un medio de Maciá, un pequeño pueblo de Entre Ríos de solo 6.000 habitantes. De hecho, y de acuerdo a lo dicho por el periodista agropecuario Matías Longoni trascendió que Illesca supo trabajar en Cresta Roja. Cabe señalar que no tenía antecedentes como periodista y que luego de su trabajo en Cresta Roja habría trabajado con su hermano en una empresa de seguridad. Asimismo, no figura en sus antecedentes que hubiera trabajado previamente como trabajador de prensa.
Se conoció que el dueño de la Radio Integral, Jorge Mendieta, en TN admitió el vínculo con Illescas. «Nos pidió acreditación, para mantener informado a Maciá (una localidad de Entre Ríos) sobre las noticias oficiales del Gobierno. No cobraba absolutamente nada», señaló.
Este episodio sacó a la luz que no está claro cuál es el criterio oficial para que un medio sea acreditado en la Casa Rosada. Criterio necesario porque aunque se quisiera es imposible acreditar a los medios representantes de todos los medios del país. Por otra parte, y según se lee del propio instructivo de la Secretaria de Medios, para ser acreditado en la Casa Rosada es necesario ser un medio «de alcance nacional» de donde una pequeña radio de una localidad entrerriana no entraría en esta categoría.
Es más los medios deben enviar; una carta membretada y firmada por una autoridad responsable con los siguientes datos:
– Nombre y apellido de los periodistas propuestos para acreditar
– Número de DNI
– Datos de contacto (e-mail y teléfono/s).
Sin embargo, el envió de estos datos de todas maneras «NO implica la aceptación de hecho», como dice el instructivo. En declaraciones radiales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se desligó de la responsabilidad de pedir antecedentes a los periodistas al sostener que sean las «organizaciones periodísticas que se ocupen de establecer un protocolo». Es que a criterio de la funcionaria los medios no estarían dispuestos a ser sometidos a que se compruebe sus antecedentes.
En realidad, si uno está trabajando al lado de las máximas autoridades de un país suena lógico que se tomen los recaudos necesarios para garantizar la seguridad. Sin embargo, esta detención muestra que a pesar de los identificadores digitales que existen para ingresar a la Rosada la seguridad presidencial deja mucho que desear.
El supuesto periodista tenía pedido de captura según el expediente Nº 1312/11, que se tramita ante el juez de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial de Formosa, Marcelo López Picabea.
Según trascendidos, Illesca además tampoco sería un periodista profesional sino que sus actividades estaban vinculadas al sector agropecuario y a tareas de seguridad y de inteligencia.
El pedido de detención se hizo efectivo el viernes pasado y fue posible gracias a que la seguridad implementada por el G20 sí funcionó. Fueron los encargados de seguridad que avisaron a la Policía Federal que se encargó de ir a buscarlo a su domicilio en el barrio porteño de San Nicolás.
En tanto, en la Casa Rosada las autoridades no asumen ninguna responsabilidad sosteniendo que «es el medio el que debe controlar», argumento correcto pero también desde la Secretaría de Medios deberían existir criterios claros para permitir trabajar en Balcarce 50.
Además, diferentes gobiernos supieron acreditar a «periodistas» generalmente de medios muy pequeños que en realidad su función era más estar atento a lo que se habla en la Sala de Periodistas de la Rosada que las actividades oficiales.
