Diputados del interbloque Juntos por el Cambio presentaron este miércoles un proyecto de resolución en el cual exhortan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde el interbloque de la Cámara baja criticaron los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo y exhortaron al máximo tribunal a expresarse sobre la cuestión.
«Desde el Interbloque JxC pedimos a la Corte Suprema que se exprese sobre los desplazamientos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Únicamente en gobiernos no constitucionales se removió a jueces por decreto. Peligra la independencia de poderes», expresó Negri desde su cuenta de Twitter.
En los fundamentos, los legisladores de Juntos por el Cambio argumentaron “nunca en toda su historia se desplazaron a jueces de los cargos que titularizan en un juzgado o tribunal, por decretos del Poder Ejecutivo”.
En este sentido, explicaron que “los jueces solo pueden ser desplazados de sus cargos si se verifican algunas de las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución –mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o comisión de crímenes comunes-, y en función de un proceso llevado a cabo por los órganos previstos en la Ley Suprema”.
“Con el dictado de los decretos 750; 751 y 752 se rompe esa tradición de respeto por la inamovilidad de los jueces en sus cargos, que consagra el artículo 110 de la Constitución Nacional como garantía de independencia del Poder Judicial”, continuaron.
«Está claro que en ningún caso y por ningún motivo, compete al Poder Ejecutivo disponer algo semejante. De ninguna manera los jueces de la Nación están sometidos al arbitrio del gobernante de turno, y mucho menos en lo que respecta a su permanencia y estabilidad en el órgano judicial que titularizan», advirtieron.
Por último, consideraron “impostergable” que la Corte Suprema “ejerza la potestad que le asigna el artículo 116 de la Ley Fundamental y se pronuncie sobre la legalidad de lo actuado por el Poder Ejecutivo”, respecto a los casos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
Los tres magistrados fueron trasladados a otros tribunales por un decreto del presidente Mauricio Macri, sin que sus pliegos fueran tratados por el Senado, tal como lo establece la Constitución, y en función de este argumento, la cámara alta resolvió que los magistrados vuelvan a los cargos donde se desempeñaban antes.
