El Grupo de Puebla activó la campaña internacional para defender a Cristina ante un inminente fallo de la Corte Suprema que confirmará su condena en la Causa Vialidad y dispondrá en consecuencia su detención y la imposibilidad de presentarse como candidata a diputada bonaerense por el peronismo.
El Grupo de Puebla tiene decidido además acompañar a la ex presidenta en su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y empezar el camino internacional del reclamo.
A través de un comunicado firmado en conjunto con el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), el Grupo Puebla denunció «el riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política contra Cristina Fernández de Kirchner, en caso de que se consume la filtración interesada de una sentencia condenatoria en una causa viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política».
«La denominada ¨Causa Vialidad¨ es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas, e incluso indiciarias, con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales como el que prohíbe juzgar el mismo hecho dos veces (ne bis in ídem), con peritajes forzados, mediando vínculos directos entre quienes debían dictar justicia y el propio ex presidente Macri», agregaron en el texto.
Este espacio fundado por el chileno Marco Enriquez Ominani, denunció que «la formulación de teorías (como la de la imputación objetiva) en su construcción para poder responsabilizar a la presidenta por hechos decididos por inferiores jerárquicos en virtud de la delegación de funciones propia del derecho administrativo. Esta decisión supuso una peligrosa tendencia hacia el derecho penal de autor y de consumarse ahora un daño irreparable para la persona afectada y el sistema democrático».
En efecto, en la Causa Vialidad la ex presidenta fue condenada pese a no haber firmado ninguna de las concesiones de obra pública impugnadas, en base a su responsabilidad «objetiva» por ser como Presidenta la responsable última de la administración pública, lo que sienta un peligroso antecedente para todos los presidentes argentinos.
«Ningún tribunal y mucho menos la Corte Suprema puede guiarse por criterios políticos e ideológicos y de hacerlo, como puede acontecer en este caso, se eliminaría la separación de poderes y el derecho a ser elegido, tal como CFK ha anunciado para las próximas elecciones. Consideramos que el objetivo de expulsarla de la política obedece al miedo de determinados sectores a que ella ratifique su liderazgo en las urnas y siga protagonizando la vida política argentina», agregó el comunicado, calcando la argumentación de Cristina en el acto que encabezó este jueves en Corrientes.
«La sentencia, caso de pronunciarse en el sentido publicado, no es solo contra CFK sino contra el peronismo en Argentina, buscando el disciplinamiento de los y las militantes y funcionarios/as que promuevan una mejora de la calidad de vida de los argentinos y puede determinar una alteración grave del equilibrio entre poderes y afectación de la democracia argentina», apuntó el texto.
Cristina había activado sus contactos internacionales ante la posibilidad que la Corte Suprema confirmara su condena en la causa Vialidad y la justicia ordenara su detención. El primero de esos contactos fue con el Grupo Puebla, un grupo político que integran ex presidentes progresistas de la región como Dilma Rouseff, Rafael Correa y Ernesto Samper.
En ese momento, una fuente del Grupo Puebla explicó que es el Consejo Latinoamericano de la Justicia y Democracia, que conducen la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón, quienes viene siguiendo el expediente contra Cristina desde sus inicios. Este grupo está en contacto permanente con el Instituto Patria.
El equipo jurídico del Grupo Puebla cree que «el avance de Donald Trump y Milei sobre Cristina es evidente, bochornoso e ilegal».
La decisión de Cristina de empezar su campaña internacional por el Grupo Puebla tiene su lógica. Ante la falta de organismos políticos regionales como supo ser la Unasur, este grupo empezó a ocupar ese vacío. Coordinado por Ominani, ests grupo intervino en la crisis de Luis Arce y Evo Morales en Bolivia y formaron parte de la estrategia de Lula para elegir un candidato propio en la OEA.
La situación actual emparenta a Cristina con la de Lula en 2018, detenido en una prisión más de 500 días luego de un votación clave de la Corte Suprema. La diferencia es que la ex presidenta, si se confirma su condena, quedaría detenida en prisión domiciliaria.
No es la primera vez que Cristina busca respaldo internacional ante sus problemas judiciales. En 2022, tuvo un importante apoyo regional cuando los entonces presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, de Bolivia, Luis Arce, y de Colombia, Gustavo Petro, firmaron una declaración junto a Alberto Fernández en la que denunciaron «persecución judicial» a Cristina por la causa Vialidad.
Fuentes del Puebla afirmaron que «hay mucha preocupación internacional porque a lo de Cristina hay que agregarle la detención de Juan Grabois».
