El presidente Mauricio Macri sumó una nueva imputación en su contra. Esta vez es por la adjudicación de rutas aéreas a la empresa Avianca, que en 2016 adquirió la firma Macair Jet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri.
El titular de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº1, Jorge Di Lello, impulsó la acción penal contra el Presidente; el titular del grupo SIDECO, Franco Macri; el Secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis; y responsables de la línea aérea Avianca, por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias en el marco de presuntas irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino.
El expediente se inició por una denuncia de los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié. En su presentación, los legisladores señalaron como eje principal del cuestionamiento la reciente venta de la empresa «Macair Jet» -del grupo económico liderado por Franco Macri- a la firma colombiana «Avianca» y las posibles contrataciones del Estado Nacional con dicha empresa.
Además de Macri, el fiscal Di Lello imputó al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin; el Director Nacional de Transporte Aéreo de ese organismo Hernán Gómez; y al director general de Logística de la presidencia de la Nación, Carlos Cobas.
A estos, además, se los acusó de la conducta prevista en el artículo 218 del Código Aeronáutico, que reprime cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una aeronave, aeropuerto o aeródromo, o entorpecer la seguridad aérea.
Entre los empresarios denunciados están el titular del grupo de empresas que conforma la línea aérea Avianca, Germán Efromovich, al CEO de «Avian Líneas Aéreas», Carlos Benjamín Colunga López y al titular de «Unidos Air S.A.» Diego Martín Colunga López.
Del dictamen presentado se desprende que los denunciantes refirieron como otra conducta a investigar, que el gobierno nacional dejó de utilizar la flota de aviones presidenciales -que lleva adelante los viajes del presidente y funcionarios de primera línea- por «servicios de empresas privadas».
En este sentido, señala la denuncia que «la privatización del servicio de traslado de funcionarios, la búsqueda de aviones nuevos por cifras millonarias y las denuncias por el uso de aviones de la empresa familiar, se produce a principios de 2016 con la venta de ´Macair Jet´ a la compañía de origen colombiano Avianca, operación que se realizó a través del Grupo Sinergy Speed, que controla Avianca Holding y Avianca Brasil».
Con este escenario, el representante del MPF explicó que las cuestiones controversiales de la mencionada operación se asocian al desconocimiento del monto y la forma en que se pagó a la familia Macri «Avian Líneas Aéreas». En este sentido, los denunciantes consideraron que «comprar a la familia de un presidente una compañía aérea, con perspectiva de crecimiento intenso en el país, representa un beneficio extra a la hora de destrabar autorizaciones, ampliar rutas y desplegar un plan de negocios».
Hacia el final del requerimiento, el fiscal federal indicó un último hecho de significancia jurídica para los denunciantes. Esto es, «que el pasado lunes 13, la A.N.A.C., oficializó la entrega de rutas aéreas a ´Avian Líneas Aéreas´ (AVIANCA), a través de los dictámenes de la Junta Asesora del Transporte Aéreo de la Audiencia Pública nro. 218, autorizando la concesión por 15 años de todas las rutas solicitadas, en las que actualmente opera Aerolíneas Argentinas».
El dictamen de la mencionada Junta -que recomendó cuáles rutas aprobar, cuáles rechazar y cuáles aprobar con restricciones- arrojó «entre otros conceptos, que de las 26 rutas solicitadas por Avian le fueron aprobadas el 100%, y de las 99 que pidió Fly Bondi, se le aprobaron 69, es decir un porcentaje de casi el 70%. Al respecto, se indica que Fly Bondi, que en los papeles es FB Líneas Aéreas, es de propiedad de Richard Guzman, y socio de la misma es Mario Quintana, actual Secretario de Coordinación Interministerial».
El fiscal federal solicitó una serie de medidas de prueba. La causa está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nro. 12, a cargo de Sergio Torres.
