Alejandra Gils Carbó presentó un informe al Congreso en el que se desligó de las presuntas irregularidades en la compra por 43,8 millones de pesos del edificio en el que funciona actualmente el Ministerio Público Fiscal, aunque admitió la «verosimilitud» de la denuncia.
El extenso informe tiene un total de 1031 fojas y está dirigido a la presidenta de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público, la diputada del Frente Renovador Graciela Camaño, a la que el oficialismo pidió que citara a Gils Carbó para que brinde explicaciones sobre este tema, entre otros.
En el documento, Gils Carbó reconoció que el organismo logró verificar la «verosimilitud de algunos aspectos de la información periodística» acerca de las supuestas irregularidades en la compra del edificio de la calle Teniente General Perón 667, pero lo atribuyó a la actuación de un funcionario de la Procuración llamado Guillermo Bellingi.
La información periodística a la que se refirió la procuradora señalaba a una persona llamada Juan Carlos Thill, un broker inmobiliario que habría tenido acceso a «información privilegiada» suministrada por Bellingi, número dos del área de contrataciones de la Procuración y señalado como hermano de Thill.
De acuerdo a la información, Thill habría cobrado por tareas de asesoramiento brindadas a la inmobiliaria que realizó la oferta del inmueble adquirido por la Procuración General de la Nación.
En su informe, Gils Carbó sostuvo que «en efecto, pudo establecerse que Guillermo Bellingi había tenido participación en el proceso administrativo que culminó con la adquisición del inmueble» y que resulta «altamente probable un vínculo familiar entre éste y Thill».
Por esa razón, según explica el documento, «la procuradora general dispuso la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario administrativo orientado a dilucidar la responsabilidad del nombrado y a estudiar integralmente ese proceso licitatorio».
De todas maneras, Gils Carbó aseguró que el procedimiento para la compra del edificio en el que actualmente funciona la Procuración General «contó con la intervención de todos los órganos de control internos y externos competentes». Al respecto, puso de relieve que el inmueble cumple con «las características técnicas buscadas» y que fue adquirido «a un valor inferior al precio de mercado».
«Si bien esas instancias de control y el riguroso cumplimiento de los pasos administrativos impidieron todo perjuicio patrimonial al erario público, las investigaciones en curso demostrarán si un eventual uso indebido de información privilegiada (…) generó un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo», agregó el informe.
Por último, Gils Carbó aseguró que «tras el primer indicio acerca de la existencia de tal irregularidad, esta Procuración General tomó todas las medidas a su alcance para un pronto y eficaz esclarecimiento de los hechos»
