La pauta oficial implica convalidar la pérdida del 6% promedio que tuvieron los salarios en los últimos 15 meses y frenar aún más el consumo. La meta del BCRA dice que los precios deberían subir entre un 12 y un 17%, pero los primeros meses de 2017 anticipan que ese tope será rebasado.
El meollo de la cuestión en las discusiones paritarias es si se convalida o no un ajuste al salario real que en promedio se deterioró un 6% durante la gestión de Mauricio Macri. Esta definición es lo que calienta la puja que por estos días tiene como protagonista a los maestros, pero que perturba el ánimo del resto de los gremios y sus interlocutores públicos y privados.
Todavía el parámetro clave para ajustar los sueldos sigue siendo la inflación, cuyo valor condiciona las discusiones. El problema es que este dato decisivo es todavía una incógnita hacia el futuro y muestra que los sueldos en promedio perdieron la carrera contra los precios en el pasado reciente.
Según un informe preliminar del Instituto Estadístico de los Trabajadores (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo), la inflación del sector asalariado en blanco fue del 28,8% si se confronta febrero con el mismo mes del 2016. Pero el guarismo salta al 39,9% si se confronta el promedio de los últimos 12 meses con el de los 12 meses previos.
La medición del IET se basa en datos oficiales, combinados con un relevamiento propio sobre 170.000 bienes y está enfocada en los hogares que tienen como jefe a un asalariado (más del 34% de la población). Esta canasta es la que en los últimos 15 meses se encareció por encima de la evolución de los sueldos, degradando su poder de compra.
Los trabajadores organizados hoy van a la mesa de discusión con ese dato cierto en la mano, que se conjuga con la expectativa de la inflación que se registrará en el año en curso.
Según las metas declaradas por el Banco Central, los precios de este año deberían subir entre un 12 y un 17%, como máximo.
Pero los registros de los primeros meses del año (2,5% para febrero, 1,8% para enero) indican que ese tope será rebasado. El propio Relevamiento de Expectativa de Mercados que el BCRA realiza junto a consultoras privadas ya proyecta para el año un alza superior al 20%.
El Gobierno intenta promover una pauta de ajuste salarial oficiosa para este año del 18% que, frente a este estado de cosas, resulta magra. No sólo porque está por debajo del alza de precios esperada sino porque consolida el estado de cosas respecto al desgaste real que los salarios sufrieron el año pasado.
Es un intento oficial de moderar expectativas inflacionarias, en general, y de respetar los presupuestos públicos, que tanto en Nación como en las provincias, no contemplan reajustes salariales de la magnitud que aspiran los sindicatos.
Pero una vara difícil de defender en una mesa de negociación y de consecuencias económicas peligrosas: convalidar o profundizar la pérdida del salario real se vuelve en contra del propósito de reanimar el consumo.
Lo mismo ocurre con la decisión de ajustar las tarifas de servicios públicos. Se disminuye la carga de subsidios y se tiende un anzuelo a los inversores. Pero se propina un golpe a los sectores de ingresos fijos.
«Estamos en emergencia y hay que poner plata en los bolsillos», sentencia Agustín Amicone, secretario del Sindicato Único de la Industria del Calzado, que ya le puso número a la discusión paritaria. «Necesitamos un 35 ó 40% para recuperar los puntos perdidos y tener un salario acorde», aseguró el dirigente en una entrevista.
Más allá de la precisión del número, el planteo tiene una lógica incuestionable. Aunque se da de bruces con el reiterado argumento del economista Roberto Frenkel, quien considera casi una aberración técnica incluir en el debate salarial la inflación pasada. A juicio del titular del Cedes (Centro de Estudio de Estado y Sociedad) mirar hacia atrás sólo propiciaría mejoras «ilusorias», ya que el verdadero Norte debe ser la inflación futura. Esa sobre la que suele haber pocas certezas.
La Unión Obrera Metalúrgica planea encarar su negociación reclamando un ajuste del 30% para este año, aunque el pasado cerró uno de los mejores acuerdos: con 33% más un bono de 4000 pesos.
Omar Maturano, líder de La Fraternidad, ya anticipó que su pedido para el año será un aumento del 25% más un bono del 6% «para recuperar lo que perdimos». Sería difícil confrontar con argumentos técnicos la aspiración ferroviaria.
¿Paritarias libres?
Pero la obligación oficial de arbitrar entre intereses contrapuestos lleva a otro lugar y por eso el Gobierno presiona para que los arreglos paritarios se ciñan a la pauta oficial, imposible de imponer de modo coercitivo y generalizado.
Las discusiones salariales son formalmente libres y dependen del poder negociador de los trabajadores y de la situación del sector. Esto explica en parte el actual cuadro que algunos dirigentes gremiales definen como de «anarquía salarial».
Sin embargo, aun cuando hay disparidad en los ajustes de los acuerdos firmados, los gremios más numerosos definen un piso que, con variantes, se aplica luego al resto de trabajadores del sector privado y anima el debate en el público. De ahí el esfuerzo oficial por limitar los porcentajes que sirven como referencia.
No hay funcionario que no repita que las paritarias son libres y que el Estado no interfiere en ellas, aunque todas las administraciones operan por vía informal con algún valor «in mente», según el objetivo político.
Finalmente, es el ministerio de Trabajo el que homologa los acuerdos paritarios. Sin ese aval, éstos son letra muerta y el Gobierno ya hizo saber al menos una condición para rubricarlos: que todos los representantes de un sector estén totalmente de acuerdo en el texto. Como este requisito no es sencillo, hay aquí un resquicio para que la cartera de Jorge Triacca eventualmente retacee el apoyo a algún acuerdo que se desmadre.
Lo que subyace en este cuidado es la convicción de que las subas de salarios son inflacionarias. Porque alientan expectativas de aumentos, porque ayudan a convalidar precios más altos y/o porque los productores de bienes y servicios sobretrasladan esas mejoras a los precios.
Ese principio, que divide a los académicos, hace poco más de 10 años generó una dura polémica entre el presidente Néstor Kirchner y los empresarios Enrique Pescarmona y Alberto Coto, quienes advirtieron sobre el presunto efecto espiral que tendrían las subas de sueldos que comenzaban a discutirse en las negociaciones que recién se retomaban, después de una etapa de ajustes resueltos por decreto.
Pero incluso los que le echan la culpa al salario, como entonces aquellos encumbrados hombres de empresa, conocen el riesgo político de convalidar una pérdida frente a los precios y que la inversión no alcance para fogonear la economía. «Si los sueldos vuelven a perder la carrera contra los precios, una pregunta es cómo se reactivará la economía y otra, tan incómoda como la anterior, es cómo piensa el oficialismo triunfar en los comicios legislativos de octubre», sostiene el vicepresidente del Ieral, Jorge Vasconcelos.
