Las próximas elecciones prometen ofrecer más de un entredicho entre los protagonistas. Tal como se anticipó en su edición de este martes, la relación entre los jueces electorales y el Gobierno no pasa por su mejor momento.
El principal malestar de los jueces encargados de velar por los comicios tiene una razón: la intención del Ejecutivo de «endosarle» la responsabilidad a la CNE de que el escrutinio provisorio quede en manos privadas. En ese contexto, este miércoles habrá una reunión en Casa Rosada para tratar de apaciguar los ánimos.
Sin embargo, la CNE lanzó este martes una acordada que podría caer como un misil en la Casa Rosada. Los jueces electorales recordaron que «pese a reiterados requerimientos» de ese Tribunal, el escrutinio provisorio continúa bajo «la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional».
A través del documento, los magistrados se encargaron de aclarar que la «contratación de prestadores de servicios» para el cómputo y la difusión de los resultados electorales siguen «sin participación alguna de la Justicia nacional electoral».
Según pudo saber ámbito.com, los jueces electorales y los funcionarios del Ministerio del Interior se verán las caras este miércoles en la Casa Rosada. El cónclave será a las 15 y allí estarán todos los magistrados del país, incluidos los titulares de la CNE, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía. Del otro lado de la mesa estarán sentados el titular de la cartera, Rogelio Frigerio y el secretario de asuntos políticos, Adrián Pérez.
Si bien no trascendieron detalles de los temas que se echaran sobre la mesa, desde la Rosada indicaron a este medio que «la agenda del encuentro será abierta» y que «no se hablará solamente del tema del escrutinio electoral». Sin embargo, el ánimo de los magistrados no es el mejor: «Están muy calientes», susurran desde Alem.
La bronca de los jueces electorales tiene que como raíz el teléfono descompuesto generado en los últimos días cuando desde el Gobierno habían indicado que la CNE dispuso que el trámite del escrutinio provisorio recayera en Indra, la empresa española encargada de difundir los resultados electorales desde 1997.
En la ya citada acordada, la Justicia Electoral recordó que en enero pasado el organismo «adoptó una serie de medidas con el fin de complementar» las herramientas que habían sido dispuestas en elecciones anteriores. Los magistrados señalaron que «una de las propuestas se refería a un mecanismo de escrutinio provisorio diferente al que históricamente se ha implementado» con el objetivo de «robustecer las herramientas de fiscalización, propender a una difusión más rápida de los resultados».
Sin embargo, en el documento destacaron que desde el Ejecutivo «aún no se han proporcionado las herramientas que permitan hacer efectivo el cumplimiento de los recaudos previstos». En ese contexto, los magistrados insistieron que «una solución semejante» estaba incluida en el proyecto de reforma electoral que fue frenado en el Congreso el año pasado.
