El juez federal Julián Ercolini procesó por lavado de dinero a la ex presidenta Cristina Kirchner y a sus hijos, Máximo y Florencia, a raíz del alquiler de plazas hoteleras de la firma Hotesur y los «retornos» que habría pagado el empresario Lázaro Báez.
Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado trabó embargos de hasta 800 millones de pesos y dictó, además, el procesamiento de Báez y su hijo Martín; de Víctor Manzanares, contador de los Kirchner; de la sobrina de la ex presidenta, Romina Mercado; y de Osvaldo Sanfelice, quien administraba los negocios inmobiliarios de los Kirchner.
El fallo además incluyó el embargo sobre los más de 4 millones de dólares encontrados a nombre de Florencia Kirchner en cajas de seguridad de distintos bancos.
En la causa aún no hay detenidos y los procesamientos se basan en las indagatorias que tomó el juez en diciembre del año pasado.
En paralelo, avanza la otra causa por presunto lavado de dinero y por maniobras similares en el caso Los Sauces, por el alquiler de inmuebles por parte de los empresarios Báez y Cristóbal López.
La acusación en el caso Hotesur detalla la supuesta maniobra a través de la cual los Kirchner se hicieron de los fondos para comprar los hoteles y luego administrarlos, tarea que había sido cedida a una de las firmas de Báez, Valle Mitre SRL.
La hipótesis de la investigación señala que fue Báez quien les prestó dinero para comprar los hoteles y también pagó mensualmente un alquiler para que Valle Mitre los explotara, como mecanismo para blanquear dinero proveniente del delito originado en la adjudicación de obra pública a favor del empresario, detenido en la cárcel de Ezeiza desde abril de 2016.
Según se estableció en la causa, fueron un total de 86 millones que desembolsó Valle Mitre a Hotesur por el pago de cánones de alquiler de habitaciones de los distintos hoteles del matrimonio Kirchner: Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea.
En su fallo, el juez consideró que los acusados «habrían formado parte de un complejo entramado societario que se desarrolló con el fin de poner en circulación en el mercado parte de las ganancias obtenidas como consecuencia de la defraudación al Estado Nacional cometida a través de la adjudicación irregular de la mayor porción de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz».
«Realizaron diversas operaciones comerciales -con las que pretendieron otorgarles a las ganancias apariencia de legítimas- mediante las cuales se canalizaron los fondos en forma regular desde las empresas de Báez adjudicatarias de dichas obras y sus vinculadas, a Valle Mitre SA -también del empresario nombrado-; fundamentalmente a través de la actividad hotelera», agregó.
Además, sostuvo que la empresa Valle Mitre «sin contar con capacidad económica ni experiencia en el rubro, administró el hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas -propiedad de la familia Kirchner- y abonó mensualmente en concepto de cánones locativos, sumas de dinero que finalmente se introdujeron en el patrimonio de aquellos, todo con miras a ocultar la fuente real de los fondos y a otorgarles apariencia de lícitos».
Ercolini sostuvo que, para llevar adelante la maniobra, «fue necesario que el fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández se hicieran de fondos líquidos para poder justificar la adquisición de esos establecimientos hoteleros; en consecuencia registraron entre los años 2005 y 2009 múltiples negocios -en su mayoría con Lázaro Antonio Báez-, en los que también intervino Máximo Kirchner, en nombre de aquellos».
Cristina Kirchner «realizó diversas acciones -junto con otras personas también imputadas en esta causa- con el fin de introducir el dinero obtenido mediante la defraudación al Estado nacional investigada en la causa 5048/16 (por supuesto de direccionamiento de la obra pública) en su patrimonio a través de la actividad hotelera».
«Resultó fundamental para ello la estrecha y permanente relación que la encausada mantuvo con Lázaro Báez y otras personas de su entorno», concluyó sobre el período investigado, de 2007 a 2015.
La posibilidad de que se unan todas las causas podría darse en etapa de juicio oral, puesto que a fines de 2018 o principios del año siguiente se iniciará el de fraude en la obra pública y, para ese momento, tanto el caso «Hotesur» como «Los Sauces» también pasaran a instancias orales.
