La causa de «los cuadernos de la corrupción» ingresará antes de fin de año en una nueva etapa: la denuncia por lavado de dinero o evasión impositiva para las empresas privadas participantes y para los funcionarios que manejaron el dinero.
Aunque la definición de la causa se trate de aportes de fondos para las campañas políticas, según las confesiones que a coro lanzan los empresarios «arrepentidos» o si se avanzara sobre la confirmación de lo que se sospecha de fondo, el pago de clásicas coimas para beneficiarse por obras públicas o acelerar pagos retrasados la acusación penal derivará inevitablemente en otra acusación impositiva. Y, en todo caso, se aplica la ley penal tributaria que implica sanciones también duras para los culpables. Lo que, en este caso, será fácil de definir ya que existe una confesión previa ante el juez Claudio Bonadio.
La acusación la hará la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP), cuando llegue el momento. Esto es, cuando desde el juzgado de Bonadio quede firme el monto y el tiempo en que los empresarios arrepentidos hayan concretado las maniobras de movimiento de dinero hacia los exfuncionarios kirchneristas, y sus declaraciones por ahora primarias queden en firme y como parte definitiva de la causa. Esto puede ser aún antes de una resolución final del caso y sólo con la firma de los acusados de lo que hasta ahora confesaron como arrepentidos. Y cuando todo el círculo de privados se haya sentado ante el juez, completado la sesión indagatoria y asumido las responsabilidad. Lo que debe incluir el monto exacto e inequívoco del delito asumido.
La determinación de avanzar en el siguiente capítulo de la causa penal, la evasión, fue acordado ayer por el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, con el juez Bonadio durante 45 minutos, y a pedido del magistrado. En el encuentro Cuccioli le prometió colaboración total, el otorgamiento de todos los datos que figuren dentro de las computadoras archivistas de la AFIP y la posterior continuidad de la investigación de delitos impositivos. El organismo recaudador tiene la obligación legal y constitucional de realizar este avance, ya que además de los delitos penales de peculado o eventual pago de coimas, existe otra defraudación al Estado. En este caso la circulación de dinero no declarado ante la AFIP, por montos que ingresan dentro de la ley penal tributaria. Esto es un millón de pesos.
Puntualmente, la AFIP deberá avanzar ante los empresarios que confesaron el delito del pago de fondos, por ahora para las campañas políticas, de dónde salió el dinero, dónde figuraba en las cuentas de las empresas, cómo estaba declarado (si lo estaba), cómo fueron los movimientos contables dentro de los libros de las compañías, en qué entidades financieras estaba depositado (si es que circuló por alguna cuenta de algún banco) y, fundamentalmente, cuál fue el mecanismo de blanqueo interno dentro de las empresas. La principal sospecha que siempre tiene la AFIP en estos casos es que los dineros que se utilizan para este tipo de pago en negro tienen dos tipos de movimientos internos. Y cada una es una opción de evasión y blanqueo. La primera, la más clásica, es la facturación de servicios inexistentes de consultoría o afines, con el objeto de generar gastos. El dinero de los honorarios de estos servicios se liquidan bajo el esquema de facturas truchas de sociedades creadas ad hoc, las que luego de recibir el dinero lo derivan a cuentas o directamente salen del circuito financiero. Fue el mecanismo utilizado en el caso Skanska de 2005, donde la multinacional utilizó como mecanismo para crear dinero para luego pagar sobornos, la emisión de unas 118 facturas apócrifas a unas 20 empresas fantasmas o irregulares (la más conocida fue la Infiniti Group). El delito fue reconocido por contadores y funcionarios de Skanska, pero por algún motivo judicial la causa quedó empantanada y bajo el paraguas de diferendos entre privados hasta noviembre de 2017 cuando el juez Sebastián Casanello la reabrió.
Otro mecanismo de blanqueo de dinero es la existencia previa de usinas de dinero en negro (muy común en la construcción), que directamente se van reservando en cajas paralelas y utilizadas para el momento de utilizar el efectivo. En este caso se trata de compañías con años de manejo de dineros ilegales, con la clave de no utilizar en ningún momento el sistema financiero (local o extranjero). El mecanismo sólo sirve para los gastos habituales y corrientes, y se complica cuando el requerimiento de fondos es inmediato y sin aviso previo.
Cualquiera de los dos mecanismos son difíciles de descubrir e investigar, y requieren años de concentración y dedicación de la Justicia y los agentes de la AFIP. Sin embargo, en el caso de los cuadernos, la situación sería más fácil ya que se trata de hechos confesados por los ejecutores ante la Justicia penal. Se requeriría la extensión de la figura del arrepentido a los tribunales penal tributario, y una confesión extra detallada de los movimientos internos del dinero que se utilizó para el pago a los funcionarios del Ministerio de Planificación kirchnerista. Y la decisión de Bonadio de exigirlo. Al aplicarse una ley relativamente nueva con un derecho en parte inaugural, el arrepentido; aún no hay jurisprudencia ante la confesión de un delito (el pago de dinero en negro a funcionarios para una teórica «protección») que genere otro (la evasión impositiva). Se supone que la decisión de la Justicia será coordinar los perdones, para que el momento de evitar una prisión por la confesión de un delito no se genere otro que anule la ventaja. Hasta ahora Angelo Calcaterra y Javier Sanchez Caballero IECSA) y Carlos De Goycoechea (de Isolux, que además conformaba una UTE con IECSA) están en esta situación. Una vez que terminen sus confesiones ante Bonadio, deberían preparar sus confesiones ante la AFIP como querellante y el juez que toque en Penal Tributaria. De otra manera, su estrategia caería y deberían se apresados. Salvo que el organismo recaudador renuncie a acusarlos.
