Dos diputados macristas solicitaron al Tribunal que cancele la consulta popular sobre la enmienda constitucional que habilita una nueva reelección del gobernador peronista Sergio Casas. Los patrocina Ricardo Gil Lavedra.
Se pidió al máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero, declare su «competencia originaria» en el caso y «dada la urgencia y gravedad de la situación denunciada, la gravedad institucional que se vive en la provincia de La Rioja y la inminencia de los actos cuya nulidad e inconstitucionalidad se plantean», haga lugar a una medida cautelar urgente para «suspender el proceso de consulta popular», según la presentación a la que accedió Télam.
Como cuestión de fondo, se le pidió al máximo tribunal hacer lugar a la demanda y dejar «sin efecto la ley de enmienda 10.161 y decretos dictados en consecuencia».
La oposición riojana necesita el número mágico de 98.000 votos de los 250.000 electoreshabilitados para frenar las intenciones de Casas. Si finalmente el plebiscito se realiza, la provincia cuyana abrirá el desdoblado calendario electoral 2019, que continuará con las PASO pampeanas el 17 de febrero.
El recurso fue presentado por el presidente de la UCR de La Rioja, Héctor Olivares, y el interventor del PRO La Rioja, Marcelo Wechsler, ambos diputados por esa provincia, con el patrocinio del abogado Ricardo Gil Lavedra.
«Se impugnará en esta presentación la inconstitucional convocatoria a una consulta popular obligatoria para el próximo 27 de enero de 2019 en la provincia de La Rioja para tratar de convalidar una enmienda constitucional viciada. De producirse esa circunstancia, ello acarreará una grave degradación institucional y política para la provincia, afectándose los principios republicanos que deben tener vigencia en todo el país», advirtieron
Los diputados oficialistas consideraron que el pueblo de La Rioja quedará en «absoluto desamparo» de no mediar una respuesta judicial urgente.
«El caso que planteamos ante V.E resulta de su competencia originaria en virtud de la tarea indelegable que la Constitución de la Nación ha puesto en cabeza de ese Alto Tribunal: ser custodio del sistema republicano y garantizar, en dichas condiciones, el pleno y autónomo funcionamiento de las instituciones republicanas diseñadas en las provincias», adujeron.
El gobierno de La Rioja, demandado en el caso, actuaría «con la finalidad de obtener la posibilidad de una reelección prohibida por la Constitución», advirtieron.
«Conforme el texto del art. 120, el gobernador Sergio Casas impulsó de modo abiertamente ilegal una enmienda constitucional «a medida» que lo habilitara. No teniendo facultades para ello, la vicepresidenta de la Legislatura convocó sorpresivamente a una sesión extraordinaria para el 19 de diciembre pasado», remarcaron.
«En dicha sesión, se agregó un párrafo al art. 120 de la Constitución que no sólo «permite» la reelección del actual gobernador sino que introduce arbitrariamente la posibilidad de la reelección indefinida, y se convocó además a una consulta popular, en un término de no más de cuarenta y cinco días, para ratificarla ( ley 10.161)», reseñaron.
Para los diputados Olivares y Wechsler, «esta convocatoria a una consulta popular ad hoc, realizada en pocos días y en pleno receso estival, quebranta el texto expreso de la Constitución que, en su art. 177, exige que la consulta sea efectuada al pueblo en la siguiente elección general y, si es aprobada, recién comenzará a regir en el futuro. El apuro se explica por la espuria intención que la cláusula habilitante de la reelección pueda ser utilizada en los próximos comicios», concluyeron.
Dos diputados macristas solicitaron al Tribunal que cancele la consulta popular sobre la enmienda constitucional que habilita una nueva reelección del gobernador peronista Sergio Casas. Los patrocina Ricardo Gil Lavedra.
Se pidió al máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero, declare su «competencia originaria» en el caso y «dada la urgencia y gravedad de la situación denunciada, la gravedad institucional que se vive en la provincia de La Rioja y la inminencia de los actos cuya nulidad e inconstitucionalidad se plantean», haga lugar a una medida cautelar urgente para «suspender el proceso de consulta popular», según la presentación a la que accedió Télam.
Como cuestión de fondo, se le pidió al máximo tribunal hacer lugar a la demanda y dejar «sin efecto la ley de enmienda 10.161 y decretos dictados en consecuencia».
La oposición riojana necesita el número mágico de 98.000 votos de los 250.000 electoreshabilitados para frenar las intenciones de Casas. Si finalmente el plebiscito se realiza, la provincia cuyana abrirá el desdoblado calendario electoral 2019, que continuará con las PASO pampeanas el 17 de febrero.
El recurso fue presentado por el presidente de la UCR de La Rioja, Héctor Olivares, y el interventor del PRO La Rioja, Marcelo Wechsler, ambos diputados por esa provincia, con el patrocinio del abogado Ricardo Gil Lavedra.
«Se impugnará en esta presentación la inconstitucional convocatoria a una consulta popular obligatoria para el próximo 27 de enero de 2019 en la provincia de La Rioja para tratar de convalidar una enmienda constitucional viciada. De producirse esa circunstancia, ello acarreará una grave degradación institucional y política para la provincia, afectándose los principios republicanos que deben tener vigencia en todo el país», advirtieron
Los diputados oficialistas consideraron que el pueblo de La Rioja quedará en «absoluto desamparo» de no mediar una respuesta judicial urgente.
«El caso que planteamos ante V.E resulta de su competencia originaria en virtud de la tarea indelegable que la Constitución de la Nación ha puesto en cabeza de ese Alto Tribunal: ser custodio del sistema republicano y garantizar, en dichas condiciones, el pleno y autónomo funcionamiento de las instituciones republicanas diseñadas en las provincias», adujeron.
El gobierno de La Rioja, demandado en el caso, actuaría «con la finalidad de obtener la posibilidad de una reelección prohibida por la Constitución», advirtieron.
«Conforme el texto del art. 120, el gobernador Sergio Casas impulsó de modo abiertamente ilegal una enmienda constitucional «a medida» que lo habilitara. No teniendo facultades para ello, la vicepresidenta de la Legislatura convocó sorpresivamente a una sesión extraordinaria para el 19 de diciembre pasado», remarcaron.
«En dicha sesión, se agregó un párrafo al art. 120 de la Constitución que no sólo «permite» la reelección del actual gobernador sino que introduce arbitrariamente la posibilidad de la reelección indefinida, y se convocó además a una consulta popular, en un término de no más de cuarenta y cinco días, para ratificarla ( ley 10.161)», reseñaron.
Para los diputados Olivares y Wechsler, «esta convocatoria a una consulta popular ad hoc, realizada en pocos días y en pleno receso estival, quebranta el texto expreso de la Constitución que, en su art. 177, exige que la consulta sea efectuada al pueblo en la siguiente elección general y, si es aprobada, recién comenzará a regir en el futuro. El apuro se explica por la espuria intención que la cláusula habilitante de la reelección pueda ser utilizada en los próximos comicios», concluyeron.
